Jaque de los técnicos a los teatros nacionales

Los teatros nacionales cierran el año con grandes pérdidas. La huelga "intermitente" de los trabajadores técnicos —regidores, utileros, eléctricos, de audiovisuales, peluqueros y maquilladores, ayudantes de producción y de oficina técnica— han arruinado los estrenos que se habían programado para este mes, justamente uno de los de más afluencia de público al teatro. Los artistas afectados andan desolados porque después de semanas de ensayo solo han podido ofrecer dos representaciones como mucho. Y el público, que costea todo este descalabro, de convidado de piedra. Cuando se abría la posibilidad de un acuerdo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el sindicato UGT han dado al traste con él.

Lo que viene a continuación es la explicación de un farragoso conflicto laboral, que sigue el típico parámetro del personal temporal que aspira a convertirse en fijo.  Los paros que convocan tienen en jaque a los teatros nacionales desde hace tres meses y han dejado tiritando sus taquillas. Desde el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), que dirige Amaya de Miguel, no dan datos de las pérdidas —no sé si porque no las han evaluado o no las quieren dar— pero los técnicos han logrado parar todos los teatros dependientes de este organismo: Compañía Nacional de Teatro Clásico, Centro Dramático Nacional, Teatro de la Zarzuela y las actuaciones del Ballet Nacional de España (BNE) en el Teatro Real. En total, han paralizado 70 funciones desde el mes de septiembre y hasta hoy, según datos facilitados por la Plataforma de Técnicos y Técnicas Afectados. La misma fuente informa que unas 35.900 butacas se han dejado de vender (calculando el 100% de ocupación de estos teatros).

BNE devuelve 9.000 entradas

De los últimos espectáculos estrenados, solo se han ofrecido dos funciones: Rif, de piojos y gas mostaza, de Laila Ripoll, e Invocación, del Ballet Nacional de España. Especialmente gravoso ha sido el caso del BNE. Ya en el pasado mes de octubre los paros dejaron en tres las cuatro raquíticas funciones que el Teatro Real había programado del fantástico Centenario Antonio Ruíz Soler. Ahora, en diciembre, ha perdido nueve funciones de las once que tenía previstas en el Teatro de la Zarzuela; donde agotó las 11.000 entradas que puso a la venta de forma anticipada del extraordinario y hermoso espectáculo Invocación. Ha tenido que devolver poco más de 9.000 entradas. Y los espectadores, ¿qué cara le queda al espectador que había previsto una noche de teatro con antelación y se la suspenden?

¿No podían haber escogido los técnicos otro momento para este paro?, se preguntan artistas y aficionados, aludiendo al egoísmo y lo abusivo de sus acciones y la falta de oportunidad de suspender espectáculos justo en un año en el que se ha hecho un gran esfuerzo para convencer al público de que volviera a los teatros tras la pandemia y también para que los artistas recuperaran empleos.

Veamos la versión de los técnicos. Los afectados son empleados temporales que, según dicen, tienen también el apoyo de los fijos en su protesta, el 80% del gremio siguen los paros, sostienen. El pasado 28 de julio les pilló de improviso la convocatoria de un proceso selectivo para personal laboral fijo en el INAEM, coincidiendo con el anuncio que hizo el Gobierno de la mayor oferta de empleo público de la historia, casi 30.000 plazas en toda la Administración. "No nos lo esperábamos", me explica Carlos Sierra, portavoz de la Plataforma de Técnicos y Técnicas Afectadas, y ayudante de producción en la CNTC, "CCOO nos llevaba diciendo que estaban negociando demorar esta convocatoria, pero de golpe y porrazo convocan las plazas porque si no lo hacían, las plazas se perdían".

¿De qué se quejan los técnicos? Ocurre que los de algunas profesiones, para poder concurrir a una plaza pública, deben haberse formado en algún ciclo superior de Formación Profesional, título que no tienen aunque en la actualidad ejerzan su oficio y hayan renovado varias veces su contrato. Ponen estos ejemplos: a un maquinista se le pide el FP de Artista Fallero y Construcción de Escenografías (que solo se imparte en Valencia en modalidad presencial), o a un regidor el de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos (que tiene más que ver con cine y televisión). Ellos tienen experiencia profesional pero no tienen el título que lo acredita.

Pulsión regulatoria del Estado

La pulsión regulatoria y la diarrea normativa del Estado, con la que tanto disfrutan también los sindicatos, está en el fondo del conflicto. Las titulaciones que se les piden a algunos técnicos de los teatros se conocen desde enero de 2019, cuando se aprobó y entró en vigor el IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, negociado por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. En él se recoge justamente las nuevas titulaciones que serán requisito para el desempeño de las profesiones que ahora son objeto de conflicto y que, como se ha dicho, son en su mayoría ciclos superiores de Formación Profesional, de acuerdo también con las exigencias europeas.

Me apunta Javier Figueroa, líder de UGT en el INAEM, que en realidad estas titulaciones ya se exigieron en la última convocatoria de empleo público que se celebró, la relativa a 2016, y estando en vigor el III Convenio, pero se acordó una moratoria que favoreció el acceso del personal temporal que no las tenía. "Desde entonces hemos celebramos numerosas asambleas y reuniones para advertir de estos cambios en las titulaciones".

Por otro lado, fuentes del INAEM explican que desde la implantación del IV Convenio se trabajaba con los sindicatos en un acuerdo que siguiera la misma política de antes: una segunda moratoria o cláusula de transitoriedad que permitiera a los profesionales afectados hacerse con los títulos exigidos en un plazo de tres a cinco años. A mediados del pasado mes de julio y antes de la convocatoria de la oferta de empleo público, esta cláusula se aplicó a las profesiones de Cantante de Coro, Sastrería, Utilería, Dirección Técnica, y Maquinaria, y podrán concurrir a la convocatoria.

Pero la moratoria no se aceptó para el resto de las categorías Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos; Producción de Audiovisuales y Espectáculos; Caracterización y Maquillaje Profesional; Estilismo y Dirección de Peluquería; Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen; y Sonido para Audiovisuales y Espectáculos. Y comenzaron los primeros paros suspendiendo estrenos, luego representaciones en salas pequeñas y, finalmente, producciones de las salas grandes.

Parcheando el conflicto

A finales del pasado mes de noviembre parecía que se podía llegar a un acuerdo, el INAEM y la Plataforma habían consensuado una nueva moratoria para las categorías profesionales excluidas. Pero estos agentes no son los negociadores del IV Convenio, sino que es la Subsecretaría de Cultura (de la que depende el INAEM) quien se sienta con el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos. Función Pública y el sindicato UGT desestimó el acuerdo por considerar que va contra el IV Convenio y que iba a crear un tratamiento "especial" para el personal laboral de Cultura.

El INAEM sostiene que por el momento no contempla reestrenar las obras que apenas hayan sido representadas. Confirma que los artistas afectados sí cobrarán todas las funciones programadas, se frustren o no. El conflicto, el más largo protagonizado por los técnicos de los teatros nacionales, sigue abierto. Pero la Subsecretaría de Cultura no ceja en su denodado empeño de "seguir explorando vías para resolver el conflicto", lacónico resumen de este farragoso conflicto dado por su gabinete de prensa a esta informadora.