Antonio Vargas Laguna, un experimentado diplomático que mantenía excelentes relaciones con el rey de Nápoles, recibió en diciembre de 1821 una carta reservada de Fernando VII. El monarca español le describió una coyuntura política trágica y aseguró que la familia real corría peligro; tanto que le pidió a su agente que "se lo hagas saber a los soberanos extranjeros, para que vengan a sacarme de la esclavitud en la que me hallo y liberarme del peligro que me amenaza".

El partido moderado y muchos ciudadanos, hastiados de la exaltación de las masas y la permanente crispación de los últimos meses, se mostraban a favor de una reforma, hacia principios más conservadores, de la Constitución reinstaurada tras la proclamación del Trienio Liberal. El proyecto le fue encargado al moderado Martínez de la Rosa, en ese momento jefe del Gobierno, pero en realidad el rey felón tenía otras intenciones. Se trataba de una cortina de humo.

En paralelo se estaba desarrollando otro movimiento conspirativo, protagonizado por los "absolutistas ciegos", que buscaban derogar la Constitución mediante una combinación de fuerzas y actuaciones en Madrid y en diversos puntos de España que debía acabar con un golpe en el Palacio Real.

Este plan, concebido en el entorno inmediato de Fernando VII, lo conocían también los representantes de las potencias de la Santa Alianza. El embajador francés, el conde de La Garde, mantuvo a principios de mayo de 1822 una conversación con el rey en la que se aludió al ejemplo del golpe del 18 brumario, cuyo triunfo permitió a Napoleón Bonaparte derrocar el régimen político del Directorio y asumir en calidad de cónsul la dirección de Francia, empezando así la senda que lo conduciría a un poder personal indiscutido.

El rey fue el responsable de paralizar el movimiento reformista y dar luz verde al más radical. Tras proclamaciones aisladas e imprevistas a favor del monarca "deseado" en lugares como Valencia, Andalucía o Murcia, el último día de junio se cerró la legislatura y se registraron enfrentamientos en las calles entre los partidarios del "rey constitucional" y los del "rey absoluto".

[La feroz caricatura inglesa que convirtió al deseado Fernando VII en un rey tirano]

La Guardia Real se vio obligada a intervenir contra los liberales y asesinó al teniente Mamerto Landáburu cuando trataba de impedirlo. "Dícese que fueron provocados [los soldados] con insultos y pedradas; lo cierto es que muchos de ellos salieron de la formación y emprendieron a cuchilladas y a bayonetazos con sus agresores", recogieron las actas secretas de la Diputación Permanente.

La situación estalló definitivamente el 1 de julio con la sublevación cuatro batallones de la Guardia Real. Parte de estas tropas se dirigió a El Pardo, a donde debía acudir Fernando VII con su familia. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid y la Milicia Nacional reaccionaron inmediatamente. También generales como Rafael del Riego, Álava o Ballesteros se ofrecieron a reducir a los rebeldes.

"La confusión fue total", desgrana el historiador Emilio La Parra en su premiada biografía sobre Fernando VII (Tusquets). "Se cruzaron órdenes y contraórdenes. Morillo [recién nombrado por el monarca jefe de la Guardia Real] anduvo de un sitio para otro sin tomar una decisión terminante y el rey no se atrevió a salir de Madrid o no lo consideró conveniente, e intentó culminarlo todo desde palacio". Con la excusa de buscar una solución, convocó al Gobierno y a las principales autoridades políticas y militares para mantenerlas bajo control. Además, instó con una treta al Consejo de Estado, presentándose como víctima, a que avalase el golpe. Pero no tuvo éxito.

En la madrugada del 7 de julio, hace exactamente dos siglos, las tropas sublevadas acantonadas en El Pardo marcharon sobre Madrid y se desencadenó una dura batalla, sobre todo en los alrededores de la Plaza Mayor, que se prolongó durante todo el día. Hubo gritos de "No pasarán" y vencieron los ciudadanos armados por el Ayuntamiento, la Milicia Nacional y un cuerpo creado ex profeso, el Batallón Sagrado, al mando del coronel Evaristo San Miguel. En uno de sus Episodios Nacionales, Benito Pérez Galdós narró así los choques: "La falange de papel destrozó a los caballeros invencibles de corazón de hierro [Guardia Real], que se desconcertaron, no solo por el empuje de los milicianos, sino por la sorpresa de verse tan bizarramente acometidos".

[Pedro J. Ramírez: "El Trienio fracasó porque Fernando VII aprovechó el hundimiento del centro"]

Al conocerse la derrota de la sublevación, un hipócrita Fernando VII acusó al Gobierno de no haber sabido controlar la coyuntura. Según el marqués de las Amarillas, llamó a los ministros y al jefe político de la capital, a quienes había mantenido incomunicados, para recriminarles "que qué era aquel desorden, que por qué no hacían cesar aquello", como si él no hubiese tenido nada que ver.

Un golpe previo

Señala Emilio La Parra que "todos los datos confirman la responsabilidad directa del monarca en este fracasado golpe de Estado, cuyas consecuencias en la vida política española fueron de suma gravedad". Sin embargo, tanto él como los miembros de su familia quedaron al margen de toda incriminación durante la causa judicial, que solo condenó a algunos militares.

Pero esa era la versión oficial. La realidad casaba mejor con lo que escribió el embajador galo ya el 4 de julio: "El rey está completamente comprometido y es el que ordena las cosas". Estos sucesos agudizaron el histórico enfrentamiento entre el sector moderando y el exaltado, además de confirmar la incapacidad del realismo para derribar por sí solo el sistema constitucional. Fernando VII recapacitó y desde entonces su único objetivo fue conseguir la ayuda de una fuerza militar internacional. Los embajadores, de hecho, enviaron al Gobierno una nota en la que advertían que "el más leve ultraje a la majestad real sumergirá a la Península en un abismo de calamidades". "Desde este punto de vista —analiza La Parra—, el complot del 7 de julio dio los resultados apetecidos, aunque no de forma inmediata".

No era la primera vez que Fernando VII participaba en una intentona de derribar al régimen constitucional mediante un golpe. Hubo otra acción previa, la llamada "conspiración de Vinuesa", que fue descubierta en enero de 1821 antes de dar el primer paso en su ejecución y se organizó a raíz del asesinato a martillazos del clérigo Matías Vinuesa, capellán de honor del monarca, mientras permanecía en prisión.

El suceso, que consistía en arrestar a las más altas autoridades del Estado, depurar a la Guardia Real de los elementos sospechosos, provocar una asonada popular en Madrid a favor de la religión, el rey y la patria y conseguir un cambio político a favor del absolutismo, afectó a la credibilidad del régimen constitucional. Fernando VII también buscó involucrar al zar Alejandro I mediante el apoyo de una fuerza armada rusa.

"Ambos [golpes] estuvieron concebidos de acuerdo con un mismo modelo", explica La Parra. "Una vez conseguido el compromiso de un cuerpo militar, se pondrían en marcha dos acciones simultáneas: el rey convocaría a palacio a las principales autoridades constitucionales con poder ejecutivo para mantenerlas bajo su control y los realistas organizarían algaradas populares, que el monarca tomaría como excusa para declarar su vida en peligro, derogar la Constitución y asumir todos los poderes". El primero ni siquiera llegó a ejecutarse; el segundo fue frenado por el pueblo de Madrid.