La Sociedad General de Autores vuelve a la actualidad (si es que se marchó en algún momento desde el escándalo que antecedió al verano) haciendo sonar los tambores de sus controvertidas elecciones. Lo hacen hoy con una asamblea extraordinaria que se celebra en su sede madrileña y de la que saldrá el grupo de trabajo que acometerá la reforma del sistema electoral de la entidad de gestión.

Y lo hacen en medio de nuevos escándalos, porque acaba de conocerse que los candidatos ganadores de las elecciones a la Junta directiva celebradas el pasado 30 de junio pagaron un total de 66.000 euros (2.200 euros más IVA por cada uno de los 30 miembros) para promocionar su candidatura, la CPAC. Así se desprende de la declaración que como testigo realizó ante la Guardia Civil Juan José Álvarez del Castillo, contratado por el miembro de la Junta directiva de la SGAE Caco Senante para gestionar todo lo referente a la promoción de la candidatura oficialista en esas elecciones.

Esta declaración está incluida en el informe de la Guardia Civil que forma parte del sumario que instruye la Audiencia Nacional por un supuesto desvío de fondos a través de un entramado de empresas vinculadas a la entidad de gestión. En su declaración, Álvarez del Castillo negó que mantuviera una relación comercial con la SGAE sino que se trataba de una relación "individual" con los socios que salieron elegidos en la candidatura y explicó que para promocionarles creó una web y coordinó las relaciones con la Comisión Electoral.

El testigo, que declaró ser amigo de Teddy Bautista, aseguró que había mantenido algunas reuniones con José Luis Rodríguez Neri, presunto dirigente de la trama, para hablar sobre disfunciones del censo, pero únicamente temas de tipo técnico. Álvarez del Castillo sostuvo que había dispuesto del censo de socios de la SGAE al mismo tiempo que las otras candidaturas que concurrían a las elecciones.

Por el contrario, José Miguel Fernández Sastrón, que representa a la candidatura alternativa DOM (De Otra Manera) y que ejerce la acusación particular en la causa judicial, declaró a la Guardia Civil que en una reunión a la que fueron convocados por la Comisión Electoral, Castillo "reconoció que ellos ya contaban con los datos del censo electoral de la SGAE, ya que los conservaban por haber concurrido a pasadas elecciones".

Por su parte, Caco Senante explicó en su declaración que desconocía si Álvarez del Castillo contaba con datos del censo de votantes con anterioridad a que fueran aportados por la Comisión Electoral: "Como ya había trabajado para otra candidatura en 2007 y en 2001, lógicamente algunos datos e informaciones tenía que tener, que se imaginaba que puede fallar la gente que ha fallecido, gente que ha cambiado de dirección o teléfono, pero que contaría con información aproximada", asegura el informe.

Asimismo, dijo que no le constaba que con anterioridad a iniciarse el proceso electoral, desde la SGAE se hubiesen facilitado unas listas del censo de los socios electores y que no creía que fuese preciso contar con esa lista ya que tenía información de las elecciones anteriores. Por su parte, el abogado de los servicios jurídicos de la SGAE Pablo Hernández reconoce que si alguna candidatura hubiera tenido acceso a datos del censo, todo el proceso electoral debe ser anulado.

Según el director de los servicios jurídicos de la SGAE, la relación entre Baustista y Neri era "bastante estrecha" y recuerda que este último, a pesar de tratarse de una persona "controvertida y cuestionada por el resto de directivos de la SGAE, gozaba de una autonomía plena y real dentro de la entidad, contando al parecer con el apoyo incondicional" del presidente hasta el punto de conseguir que "sus decisiones siempre acababan llevándose a cabo".

En la declaración del secretario general de la SGAE y presidente de la Comisión Electoral, Francisco Galindo, según la Guardia Civil, se desprende que Caco Senante propuso sancionar a Fernández Sastrón por sus declaraciones contra Bautista y que Neri, a su vez, estaba "crispado" por la candidatura de la oposición. En el informe se detallan los pagos que recibían los declarantes. Así, el abogado Pablo Hernández cobra 200.000 euros anuales como asesor jurídico y secretario de todas las sociedades del grupo SGAE.

Senante, por su parte, afirma ser "muy amigo" de Bautista y que como miembro de la Junta Directiva y del Consejo de Dirección desde 2007 no tuvo retribuciones pero sí cobró dietas "en metálico". Estas dietas oscilan entre 120 y 700 euros por asistencia a cada reunión, dependiendo del tipo de comisión a la que acude. A pesar de esta falta de retribuciones, en su declaración policial, Senante reconoce que cobró por tareas de asesoría -"gestión ante las administraciones"- en la compra de una nueva sede de la SGAE en Canarias. Recibió por ese concepto "cinco o seis pagos mensuales de unos 3.000 euros" que facturó a través de una sociedad de su propiedad llamada "Algo Distinto S.L". Y añade que la directiva de la SGAE pensaba nombrarle como jefe de la sociedad general de autores en Canarias ante la previsible jubilación de su actual titular.