Atocha, 1977: la matanza que precipitó la Transición

Escultura de Juan Genovés que recuerda en la plaza de Antón Martín de Madrid a los abogados asesinados

Se acaban de cumplir 39 años de la matanza de Atocha, una tragedia que, en contra de las intenciones de los asesinos, contribuyó a la consolidación del proceso de transición a la democracia tras la dictadura franquista. Ocurrió el 24 de enero de 1977. Pistoleros de extrema derecha, vinculados a Falange y Fuerza Nueva, irrumpieron en el número 55 de la calle Atocha, en Madrid, donde tenían su despacho unos abogados laboralistas relacionados con Comisiones Obreras y el Partido Comunista, que aún era clandestino. Su objetivo era Joaquín Navarro, que había dirigido una importante huelga de transportes en la capital. Pero no lo encontraron y abrieron fuego contra las nueve personas que se encontraban allí en aquel momento. Cinco de ellos murieron. Tres abogados: Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo y Enrique Valdelvira; Serafín Holgado de Antonio, que hacía prácticas en el bufete y al que solo le quedaba una asignatura para terminar la carrera; y Ángel Rodríguez Leal, que hacía labores administrativas en el despacho. Los otros cuatro resultaron heridos de gravedad: Miguel Sarabia, Luis Ramos Pardo, Dolores González Ruiz y Alejandro Ruiz Huerta. El último de ellos es el único superviviente que sigue vivo. Un bolígrafo colgado del cuello le salvó la vida aquel día al ejercer de escudo contra una bala rebotada.

El escritor, periodista e historiador Jorge Martínez Reverte y su hermana, la periodista Isabel Martínez Reverte, han escrito La matanza de Atocha (La Esfera de los Libros), donde reconstruyen los hechos y el delicado contexto político en el que ocurrieron a partir de entrevistas con familiares y compañeros de las víctimas y con documentación de hemeroteca y bibliográfica, así como el auto del juicio, al que han tenido acceso. La idea, cuenta ella, fue de su hermano, que quería recordar la tragedia "ahora que está de moda poner en tela de juicio la Transición y muchos olvidan lo duro que fue pasar de la dictadura a la democracia". El libro se presentó este jueves por la tarde en la sede de Comisiones Obreras con presencia de los autores, Alejandro Ruiz Huerta y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que trabajaba en el bufete y el día de los asesinatos estaba a escasos metros del lugar de los hechos, en otra sede que tenían en el número 49 de la calle Atocha.

Tras el juicio, los autores materiales del crimen fueron condenados. A uno de ellos, Carlos García Juliá, que había pertenecido a Fuerza Nueva y en aquel momento estaba afiliado a Falange, se le impuso una pena de 193 años de cárcel. Obtuvo la condicional en 1991 y luego un permiso para viajar a Paraguay por una oferta de trabajo. Luego se le revocó el permiso pero ya no volvió. En 1996 fue encarcelado en Bolivia por tráfico de drogas.

José Fernández Cerrá, el otro autor de los disparos, pertenecía a Falange y colaboraba con Fuerza Nueva. Fue condenado a la misma pena que García Juliá. Cumplió 15 años y, tras obtener la condicional, se vinculó a una empresa de seguridad. El tercer implicado, Fernando Lerdo de Tejada, no efectuó ningún disparo aquella noche. Es el ahijado de Blas Piñar, el líder de Fuerza Nueva. Durante el juicio aprovechó un permiso del juez para fugarse y huyó a Sudamérica. Los autores del libro sospechan que actualmente vive en España porque el crimen ya prescribió.

La novia de Fernández Cerrá, Gloria Herguedas, fue condenada por encubrimiento. Leocadio Jiménez Caravaca fue declarado cómplice por venderle el arma del crimen a García Juliá, pero se benefició de la última amnistía de 1977. Francisco Corredera Albaladejo, secretario provincial del sindicato del transporte, fue condenado por inductor del crimen. Cumplió cuatro años de condena y murió en la cárcel.

No obstante, la acusación particular no logró su principal propósito político, que consistía en demostrar la existencia de una trama consolidada de extrema derecha que quería dar un golpe de mano que provocara a su vez un golpe de estado contra el gobierno de Adolfo Suárez. "La instrucción fue un desastre. El juez instructor del caso, Rafael Gómez Chaparro, era de extrema derecha y procedía del Tribunal de Orden Público, que era el encargado de juzgar los delitos políticos durante el franquismo y acababa de ser desmantelado. Puso todo tipo de impedimentos", explica la coautora del libro, Isabel Martínez Reverte.

Aquella semana fue la más violenta de la Transición: además de los asesinatos de Atocha, otros pistoleros de extrema derecha mataron en una manifestación en favor de la amnistía de los presos políticos a un estudiante, Arturo Ruiz; al día siguiente murió otra estudiante, María Luz Nájera, por el impacto de una bomba de humo de la policía en la cabeza; los GRAPO mataron a tres guardias civiles, y además tenían secuestrados al Presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol Urquijo, y al teniente general Emilio Villaescusa. Y mientras tanto, ETA mataba sin parar. "Para que ahora digan que la Transición fue una mentira. Fue una etapa muy peligrosa, muchos se jugaron la vida por la democracia, y algunos la perdieron", recuerda la escritora. "Las calles de Madrid se llenaron de pistoleros fascistas, que incluso venían de Italia. Yo estuve en manifestaciones y en el entierro de los abogados y era muy peligroso. Te jugabas el tipo".

El ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, puso tras la pista de los secuestrados del GRAPO a "dos policías de extrema derecha": el comisario Roberto Conesa, que fue el infiltrado que denunció a Las Trece Rosas, fusiladas en 1939, y dirigió hasta su disolución en 1976 la Brigada Político-Social; y su número dos, el supuesto torturador aventajado de la BPS Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño". Con esta maniobra, Martín Villa pudo encargar la investigación de la matanza de los abogados laboralistas a dos policías "profesionales (alejados de la política)", explica Martínez Reverte. "Cuando los detuvieron gracias a las descripciones de los supervivientes y a los informes de balística, el juez Gómez Chaparro puso todo tipo de pegas y concedió a Lerdo de Tejada el permiso que aprovechó para escapar".

También recogen los autores en su libro cómo la acusación particular intentó sin éxito sentar en el banquillo a Juan García Carrés, dirigente del Sindicato Vertical que luego estuvo implicado en el 23-F, y a Billy el Niño, que ya había tenido años antes algunos pleitos por sus brutales métodos interrogatorios. Hace unos años, una jueza argentina solicitó su extradición por torturador pero no fue aceptada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Los hermanos Martínez Reverte también hablan en su libro del trabajo que realizaban los abogados de Atocha y otros muchos como ellos que ejercían como "abogados de barrio". "Eran jóvenes y muy trabajadores. El presidente del Consejo General de la Abogacía, Pedrol Rius, estaba harto de ellos, pero los toleraba porque trabajaban en los barrios defendiendo los intereses de los más pobres, para que tuvieran viviendas dignas, para llevar el agua corriente a las casas, defendían a los presos políticos y a los sindicalistas. Todo eso lo pudieron hacer gracias a unos resquicios en una ley de Fraga que supuso una ligera apertura".

La matanza de Atocha tuvo el efecto político y social contrario al que pretendían sus autores, señala la coautora del libro. "El pueblo se volcó a favor de la democracia y el PCE, que dirigió el servicio de orden y el entierro de los abogados y se manifestó en las calles de forma pacífica, demostró que era una organización seria y democrática. Al día siguiente, hasta el diario Ya reconoció que el Partido Comunista se había ganado la legalización". En efecto, unos meses después, un Sábado Santo, Adolfo Suárez legalizó el partido. 39 años después, La matanza de Atocha honra la memoria de las víctimas y recuerda que su sacrificio no fue en vano: "Su muerte fue una tragedia, pero precipitó la Transición, que pendía de un hilo".