Presentacion del documento marco para el Estatuto del Artista. Foto: Luis Camacho
Más de ochenta asociaciones, entidades y sindicatos de todos los sectores de la cultura entregarán la próxima semana a la Subcomisión Parlamentaria encargada de elaborar el Estatuto del Artista las 50 conclusiones alcanzadas en el terreno fiscal, laboral, educativo, sindical y de protección del derecho de autor.
Definido como "transversal y vivo", el documento marco que presentarán a esta subcomisión del Congreso de los Diputados, encargada desde el pasado 15 de febrero de elaborar un estatuto para dar solución a asuntos que vienen reclamando el sector cultural; aborda varios ámbitos como el fiscal, el laboral o el educativo, y trata puntos de especial interés entre los que destacan la modificación de la calificación de la rentas obtenidas por derechos de autor, logrando así la compatibilidad con las pensiones; ubicar a todos los profesionales de la cultura en la sección tercera del IAE; una cuota progresiva para quienes trabajen como autónomos y la reforma del sistema de Seguridad Social para que ésta reconozca la especificidad de las enfermedades que en sus profesiones ha de causar baja laboral, entre otros asuntos.
"Vemos con optimismo el trabajo que está haciendo la subcomisión, el problema vendrá el 1 de marzo cuando conozcamos las conclusiones y pase después al pleno del Congreso", ha expresado Recio, que reclama que "a pesar de la buena voluntad y la cohesión de los partidos políticos en el ámbito cultural también deberían mostrarla en los distintos sectores limítrofes como los Ministerios de Economía, Trabajo y Hacienda o el ámbito de Educación".
A uno de los temas más espinosos, el de las pensiones, ha aludido José Luis Caneiro de la Fundación SGAE, gran impulsora del proyecto. "La mayor parte de los creadores alcanzan su plenitud a partir de los 60 años. Si un país dificulta a los creadores y corta su esencia crítica, se empobrece, y eso los políticos deben verlo. Además los artistas son los únicos ciudadanos que, tras 70 años, regalan su patrimonio a la sociedad", ha asegurado.
Precisamente con el objetivo de poner en valor a los propios artistas, "pues más allá de las leyes están las personas", los responsables del proyecto han editado el libro Pedimos la palabra. 100 profesionales de la cultura cuentan su experiencia, "un documento excepcional, en el que artistas de todos los sectores cuentan en primera sus problemas y su visión del asunto", que será entregado también a la Comisión de Cultura del Congreso. Entre los artistas que colaboran en el mismo aparecen Álvaro Urquijo, Ángeles Caso, Forges, Kiko Veneno, Ouka Leele, Gonzalo Suárez, Sol Picó, Inés París, Javier Reverte, Rosendo, Santiago Auserón, Tomás Marco, o Paloma Pedrero.
Algunos de ellos han participado esta mañana en la presentación de la iniciativa, como el veterano humorista gráfico Antonio Fraguas Forges, que ha sido muy crítico al afirmar que no entiende "cómo es posible que exista un gobierno en el siglo XXI en Europa que tenga por misión ningunear a la cultura". El dibujante también ha calificado de "rueda del tiempo" a las subcomisiones del Congreso, que a su juicio son "la manera que tienen los gobiernos de ningunear. Ha llegado el momento de que todos en bloque denunciemos en el Tribunal de Estrasburgo la actitud del gobierno y de la administración española, porque hay pruebas de mala fe y denigrar la cultura va en contra de los Derechos Humanos", ha asegurado antes de concluir diciendo que "ahora es el momento de aprovechar la unión de todos".
Otra de las propuestas más comentadas que incluye el documento marco es el descenso inmediato del IVA al tipo impositivo reducido del 10%, así como la elaboración de un censo de profesionales culturales y la creación en la Seguridad Social de un sistema específico de protección para el sector artístico, "que garantice al artista su actividad profesional en todos los medios, y en donde, los periodos de intermitencia laboral no signifiquen periodos de desprotección".
Por su parte, Assumpta Serna, actriz y profesora de interpretación, ha puesto de relieve la necesidad de establecer un código de buenas prácticas que fije las normas de comportamiento entre los diferentes agentes del sector, tal y como recogen estas 50 conclusiones. En concreto, desde la Asociación de las Buenas Prácticas del Audiovisual (ABPAU), de la que es cofundadora, se pondrá en marcha la creación de una guía general del artista, basada en un código de buenas prácticas creado anteriormente en el ámbito audiovisual.
La directora de la Escuela de Arte Dramático de Murcia, la coreógrafa Sonia Murcia Molina, uno de los representantes culturales que ya ha comparecido en esta subcomisión por su conocimiento del derecho, ha indicado que "hasta ahora la creación de una legislación era muy compleja, porque los legisladores no tenían de dónde tirar y el último precedente es un difuso e incompleto decreto ley de 1985". Por eso cree que con todas estas propuestas sobre la mesa será más sencillo, pues en su comparecencia ante la subcomisión asegura haber visto "una posición común y de unidad política, y una clara intención de llegar a un punto final por parte de los miembros".