Eduardo Maura, José Juan Díaz Trillo, Concha Barrigós (moderadora), Emilio del Rio y Marta Rivera de la Cruz
Los responsables de cultura de las principales fuerzas políticas, reunidos en el X Foro de Industrias Culturales, reconocen la falta de cooperación entre las administraciones y entre los sectores público y privado
En su segunda mesa de debate participaron José Juan Díaz Trillo (PSOE), Emilio del Río (PP), Marta Rivera de la Cruz (Ciudadanos) y Eduardo Maura (Podemos), que pusieron encima de la mesa las propuestas de sus respectivos grupos para mejorar el modelo de gobernanza cultural de sus respectivos partidos. El cuadro del presente pintado entre los cuatro, a pesar de notables desacuerdos, es el de una España culturalmente descentralizada pero en la que la cooperación entre instituciones es escasa, algo que había apuntado en el primer coloquio el profesor Lluís Bonet, director del programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona.
Las intervenciones de los cuatro oscilaron del "balance extraordinariamente positivo" de Del Río a la visión más crítica, como de costumbre, de Maura, que lamentó que la política cultural española "se base más en la promoción que en la producción de proyectos". Díaz, más cercano a la postura del político popular, destacó el "salto importante" que ha dado por la política cultural española en estos 40 años de democracia, con una Constitución "extraordinariamente favorable a la cultura", aunque echa en falta una "ley básica de la cultura, como las hay de educación y de sanidad".
Para Rivera de la Cruz, "la colaboración público-privada es la gran asignatura pendiente de España", y recordó que Ciudadanos ha registrado hace un mes una proposición de Ley de Mecenazgo que, en su opinión, involucraría tanto a las grandes empresas como a cualquier ciudadano mediante el fomento del micromecenazgo. Por su parte, Del Río recordó que el PP ha presentado también una proposición de Ley de Mecenazgo, así como otra no de ley para una "economía creativa que apueste por las industrias culturales".
Maura pidió "imaginación fiscal" para evitar la dependencia de las subvenciones y del gran mecenazgo y enumeró posibles medidas como la inclusión de una "casilla cultural" en la declaración de la renta junto a las que ya existen para la iglesia católica y los fines sociales; los préstamos participativos o, a nivel local, la exención del IBI para espacios culturales, así como ayudar a los profesionales de la cultura a tener "una relación con Hacienda más estable y ágil". Para generar "un tejido cultural autónomo", Maura propone también una mayor descentralización, no solo territorial, sino institucional, "fomentando la cooperación entre el capital público y el privado, entre territorios, países y administraciones".
Rivera, Díaz y Maura coincidieron en el fracaso de la Marca España. De nuevo el más crítico en este asunto fue el representante de Podemos, que aseguró que "Noruega y Dinamarca nos adelantan en América Latina" en la realización de proyectos culturales, afirmación que reconoció no estar basada en datos sino en opiniones de profesionales del sector de la industria musical. "El problema es que la Marca España considera América Latina como un mercado para promocionar proyectos hechos aquí, no como un lugar donde generarlos".
"Yo no soy tan apocalíptico", protestó Del Río, que señaló que para la cooperación ya existe con AECID y que el cometido de Marca España es promocionar las industrias culturales españolas en el exterior, aunque reconoció que se puede mejorar la coordinación de las oficinas culturales de las embajadas.
Rivera, por su parte, apuntó que "es cierto que los creadores de allí se quejan de que no se trabaja bien con las instituciones españolas. Las coproducciones cinematográficas, que deberían ser el alfa y el omega de la cooperación con Latinoamérica, no funcionan todo lo bien que deberían. Y me rechina, por ejemplo, que la puerta de entrada del cine de allí al mercado europeo sea Cannes y no San Sebastián".