La universidad española es un punto ciego para sí misma. Con todos sus sociólogos, politólogos, pedagogos, economistas y demás expertos, prácticamente no ha querido auto-analizarse. Razones poderosas hay para ello. ¿Quién osaría defender una tesis doctoral sobre la endogamia académica ante un tribunal de catedráticos diestros en manejar oposiciones? A buen seguro, nadie que pretenda hacer carrera en los claustros. La inhibición acrecienta el interés del libro de Clara Eugenia Núñez.
Con este ensayo, la historiadora de la UNED persigue tres objetivos: presentar un diagnóstico y una terapia para los males de la enseñanza superior; ejemplificar ambos mediante actuaciones políticas concretas; y defender su desempeño como Directora General de Universidades de la Comunidad de Madrid, en el periodo 2003-2009. Núñez asumió dicho cargo sin filiación partidaria pero consustanciada con el programa liberal de la entonces presidenta autonómica Esperanza Aguirre. La lideresa popular se fijó en ella tras conocer su visión de la educación superior española, una institución bloqueada por un entramado corporativo que impide aprovechar su potencial. Los datos cantan: pese a los ingentes recursos, ninguna de nuestras universidades se sitúa entre las 200 mejores del mundo. El aumento de publicaciones científicas no ha sido acompañado por un crecimiento de las patentes industriales, y sus graduados tampoco se benefician plenamente del mercado laboral.
La flamante directora general se fijó metas precisas: promover la competitividad y la rendición de cuentas. Tenía claro los obstáculos a enfrentar: la maraña de intereses personificada en los rectores de las universidades locales. Arando con esos bueyes se las ingenió para introducir a lo largo de seis años una serie de medidas: becas para alumnos brillantes; una financiación universitaria atada a resultados concretos; un complemento salarial para el profesorado vinculado a méritos de investigación; y la creación de los centros IMDEA de excelencia científica.
Sus iniciativas apuntaban en una dirección específica: el camino hacia una universidad que compita por la financiación pública y privada, cuyos alumnos puedan elegir profesores y centros de estudio, donde se contrate libremente a los docentes, y en la que estos cobren en función de la calidad de su trabajo; es decir, una universidad muy parecida a las más punteras de Estados Unidos.
Sorprende enterarse de que no fue la conjura de los necios académicos lo que frustró su esfuerzo liberalizador; el escollo decisivo fue eminentemente político: el ascenso de Lucía Figar a la consejería de Educación madrileña. A la incomprensión de la consejera de los objetivos buscados por su directora general ésta achaca su falta de apoyo inicial y, finalmente, su hostilidad declarada. El desenlace fue el cese de Núñez y el posterior desmantelamiento de la labor realizada.
Se podrá discrepar con el enfoque de la autora y albergar dudas acerca del trasplante de modelos que funcionan bien en el extranjero -los ejemplos de injertos económicos e institucionales que no cuajaron abundan; véanse los pobres resultados de la aplicación del Plan Bolonia en nuestras aulas-, pero estas diferencias no impedirán apreciar la enjundia de unas memorias de gestión trufadas de anécdotas jugosas (algunas protagonizadas por Jon Juaristi, su sucesor en el puesto, y por los rectores, en particular el de Alcalá, Virgilio Zapatero); jugosas tanto por su capacidad para iluminar entresijos de la política educativa al margen del escrutinio público, como para exponer la fragilidad de los intentos de reforma desde arriba que no cuenten con un sólido respaldo político.
Es precisamente la cuestión de la voluntad política lo que infunde actualidad al relato de una experiencia frustrada. La idea transmitida en este libro de que la autonomía es la gran traba de cara al avance de la universidad ha encontrado eco en la normativa que prepara el ministerio de Educación y Ciencia para limitar drásticamente su autogobierno y dar un cambio radical a su financiación. En breve asistiremos a una versión a gran escala del experimento intentado por la autora en el ámbito autonómico; un motivo más para acometer una lectura de por sí interesante.
Con este ensayo, la historiadora de la UNED persigue tres objetivos: presentar un diagnóstico y una terapia para los males de la enseñanza superior; ejemplificar ambos mediante actuaciones políticas concretas; y defender su desempeño como Directora General de Universidades de la Comunidad de Madrid, en el periodo 2003-2009. Núñez asumió dicho cargo sin filiación partidaria pero consustanciada con el programa liberal de la entonces presidenta autonómica Esperanza Aguirre. La lideresa popular se fijó en ella tras conocer su visión de la educación superior española, una institución bloqueada por un entramado corporativo que impide aprovechar su potencial. Los datos cantan: pese a los ingentes recursos, ninguna de nuestras universidades se sitúa entre las 200 mejores del mundo. El aumento de publicaciones científicas no ha sido acompañado por un crecimiento de las patentes industriales, y sus graduados tampoco se benefician plenamente del mercado laboral.
La flamante directora general se fijó metas precisas: promover la competitividad y la rendición de cuentas. Tenía claro los obstáculos a enfrentar: la maraña de intereses personificada en los rectores de las universidades locales. Arando con esos bueyes se las ingenió para introducir a lo largo de seis años una serie de medidas: becas para alumnos brillantes; una financiación universitaria atada a resultados concretos; un complemento salarial para el profesorado vinculado a méritos de investigación; y la creación de los centros IMDEA de excelencia científica.
Sus iniciativas apuntaban en una dirección específica: el camino hacia una universidad que compita por la financiación pública y privada, cuyos alumnos puedan elegir profesores y centros de estudio, donde se contrate libremente a los docentes, y en la que estos cobren en función de la calidad de su trabajo; es decir, una universidad muy parecida a las más punteras de Estados Unidos.
Sorprende enterarse de que no fue la conjura de los necios académicos lo que frustró su esfuerzo liberalizador; el escollo decisivo fue eminentemente político: el ascenso de Lucía Figar a la consejería de Educación madrileña. A la incomprensión de la consejera de los objetivos buscados por su directora general ésta achaca su falta de apoyo inicial y, finalmente, su hostilidad declarada. El desenlace fue el cese de Núñez y el posterior desmantelamiento de la labor realizada.
Se podrá discrepar con el enfoque de la autora y albergar dudas acerca del trasplante de modelos que funcionan bien en el extranjero -los ejemplos de injertos económicos e institucionales que no cuajaron abundan; véanse los pobres resultados de la aplicación del Plan Bolonia en nuestras aulas-, pero estas diferencias no impedirán apreciar la enjundia de unas memorias de gestión trufadas de anécdotas jugosas (algunas protagonizadas por Jon Juaristi, su sucesor en el puesto, y por los rectores, en particular el de Alcalá, Virgilio Zapatero); jugosas tanto por su capacidad para iluminar entresijos de la política educativa al margen del escrutinio público, como para exponer la fragilidad de los intentos de reforma desde arriba que no cuenten con un sólido respaldo político.
Es precisamente la cuestión de la voluntad política lo que infunde actualidad al relato de una experiencia frustrada. La idea transmitida en este libro de que la autonomía es la gran traba de cara al avance de la universidad ha encontrado eco en la normativa que prepara el ministerio de Educación y Ciencia para limitar drásticamente su autogobierno y dar un cambio radical a su financiación. En breve asistiremos a una versión a gran escala del experimento intentado por la autora en el ámbito autonómico; un motivo más para acometer una lectura de por sí interesante.