Han sido vistas las diligencias seguidas contra el Ministerio de Cultura a propósito de la Ley de la lectura, del libro y las bibliotecas:

HECHOS PROBADOS

1.- Que, como texto, dicha Ley es un galimatías pretencioso, con párrafos tan cursis como: "Ese acto tan trascendental y único para la especie humana, que es la lectura" y otros tan rimbombantes y vacíos de sentido como: "En la actualidad, se concibe la lectura como una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad y también como instrumento para la socialización; es decir, como elemento esencial para la capacitación y la convivencia democrática, para desarrollarse en la sociedad de la información". Y antes de "la actualidad", ¿cómo se concebía? ¿Quizá como entretenimiento? ¿Quizá como castigo? "Tanta densidad de riquezas exige aprendizaje y esfuerzo por parte de los individuos, de ahí que se pretenda que el disfrute de las mismas [esas riquezas, deben de ser] vaya tan lejos como la biografía completa de todo ciudadano." ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se permitirá leer a los ancianos, pero sólo mientras "completan" su "biografía"? ¿Qué ciudadanos tienen "biografías incompletas"? ítem más, afirma que se promoverá la lectura "a fin de que se logre la mayor eficacia posible y la teleología deseable: una sociedad lectora." Seamos serios: ¿Puede dejarse la lectura en manos de alguien tan analfabeto como para escribir de una forma tan pedestre e inflamada?

2.- Que, tras señalar el precio fijo como norma general, dicha ley establece una excepción precisamente en el ámbito que la propia ley señala como más decisivo: el de los libros de texto. Por un lado, se afirma que "la regulación sobre la comercialización del libro y publicaciones afines parte de la convicción de que se ofrece un producto que es más que una mera mercancía", lo que hace aconsejable el precio fijo. Por otro lado, en el área más sensible, decide liberalizar el precio y dejarlo todo bajo "la mano invisible" del mercado.

3.- La acusación particular, a cargo del fiscal D. Enrique Murillo ha subrayado la "quiebra lógica" de la ley y ha demostrado (El País, 11-07-07) que la liberalización de precios deja el mercado del libro en manos de un escaso número de grandes cadenas, que acaban siendo quienes toman las decisiones editoriales y los únicos beneficiados reales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los hechos probados son constitutivos de los delitos de lesa majestad, incoherencia fraudulenta y rendición incondicional ante los poderes fácticos. Es sabido que la única forma de proteger el mercado del libro de la depredación de las grandes cadenas es el precio fijo, que garantiza la diversidad, el acceso de todos a los libros y la supervivencia de las librerías y editoriales. Quienes ocupan la posición dominante en el mercado imponen a proveedores los descuentos que se les antojan, lo que les permite ofrecer descuentos con los que no se puede competir, y deciden de hecho la oferta de libros a disposición de los lectores según su criterio. El precio libre significa, por lo tanto, el máximo lucro para las grandes cadenas, la desaparición de la mayoría de los títulos (a favor de los pocos que decidan promover) y la extinción de las pequeñas librerías y editoriales. Semejante "teleología indeseable", precisamente en el área decisiva de los libros de texto y material didáctico, constituye un delito que merece el más severo reproche penal. A ello se añade la lesión a la persona del Rey al hacerle sancionar un texto tan cursi, pedante, pomposo y manifiestamente incoherente, pues defiende con calor el precio único y, al mismo tiempo, la excepción para los libros de texto (sin ninguna razón lógica ni convincente).

ACUERDO

Que debo condenar y condeno al Ministerio de Cultura, como autor de un delito de lesa majestad, a revelar la identidad del redactor de la ley (¿Jorge Bucay? ¿Susana Tamaro? ¿María de la Pau Janer?) y a concederle el próximo Premio Nacional de Narrativa.

Que debo condenar y condeno al Ministerio de Cultura, como autor de un delito de incoherencia fraudulenta y rendición incondicional a modificar la ley para incluir en la excepción al precio fijo todas las publicaciones oficiales del propio Ministerio, incluidos también los poemarios y novelas que personalmente publiquen todos sus funcionarios, desde el nuevo ministro a los conserjes.

Así lo pronuncio, mando y firmo