Una vez más, los machotes del compromiso han puesto el grito en el cielo ante un chanchullo electoral que tenía lugar cómodamente lejos, en Irán, mientras permanecían mudos frente al golpe contra la democracia que se vivía aquí mismo, en el corazón del Ministerio de Cultura. No de otro modo puede calificarse la aniquilación, in statu nascendi, del Código de Buenas Prácticas. Que el código se considerase polémico desde su origen es prueba de hasta qué punto están arraigadas aquí ciertas formas totalitarias, porque lo que venía a proponer como controvertida novedad era lo que cualquier institución pública debería contemplar desde su base: la existencia de una regla objetiva sobre la que operar al margen de las personalidades individuales que, sucesivamente, ocupen los cargos directivos. Es esto lo que legitima una gestión, y lo que garantiza a los ciudadanos que cualquier responsabilidad será adecuadamente asumida. El nuevo director general ha utilizado la viejísima y penosa excusa de que los directores son "artistas" para evitarse la aplicación del Código, argumentando que los elegidos "siempre serán los mejores". ¿Pero va a ser él, o el que esté en su lugar la próxima vez que les dé por cambiarlos a todos, quien decida al pinto pinto quiénes son los mejores? Los directores son artistas en el escenario, pero en el despacho deben cumplir la tarea de defender un sentido cívico de la cultura. Nadie discute su autonomía creativa, equivalente a la libertad de cátedra de un profesor, pero establecida a partir del cumplimiento de un programa consensuado. Así es la democracia a la española: "tenemos derecho" a comprar unas gafas nuevas, como dice Bosé; en un anuncio abominable, pero no a un código regulador.