Arcadi Espada

Uno de los asuntos más espectaculares de la política y la cultura españolas es la relación entre el gobierno y los cultos. Hace una semana la Coalición de Creadores hizo público su informe anual sobre la piratería, que se resume en la misma frase de siempre: el 80% de los contenidos culturales digitalizados que se consumen provienen de descargas ilegales. En cuanto se hizo público, el gobierno lo descalificó, achacándole falta de objetividad y rigor metodológico. No es fácil traducir estadísticamente el robo digital. Pero que las cifras sean aproximadas quiere decir que se aproximan y eso es lo que debería llenar de zozobra y de vergüenza al gobierno.

En los, ¡aproximadamente!, 20 años de experiencia digital ningún gobierno de España ha encontrado soluciones técnicas y jurídicas a la piratería. Su incapacidad no los distinguiría drásticamente de otros gobiernos próximos; pero ha añadido a ella su desinterés en ayudar a construir un entorno moral donde la piratería adquiriera el estatus que corresponde a un delito. El hecho diferencial español respecto a la destrucción del sistema cultural es la indiferencia, y hasta la altivez, con la que actúan los descargadores. Y ningún gobierno ha combatido este clima moral, y los que menos lo han hecho han sido los gobiernos del partido Popular, tocados por un estúpido y pseudo libertarismo que trata de emprendedor al delincuente. Pero las responsabilidades gubernamentales no son únicas ni tal vez sean las más importantes. Cuando la descarga ilegal supera el 80%, la responsabilidad está inevitablemente extendida. E implica, en especial, a las élites. La piratería no es solo un problema de jóvenes desvalidos, fuera del mercado de trabajo, cuya sed de conocimiento les obligue a robar. Su enorme diseminación refleja la actitud general de las capas instruidas y activas respecto a la cultura. O negocio o petulancia, pero jamás respeto, compromiso o pasión.

@arcadi_espada