El pasado octubre de 2020 se aprobaba la ley que implementaba el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, o ICAB; incluía la renovación de la 'Tasa Google', creada inicialmente para obligar a las empresas tecnológicas a compensar económicamente a los medios digitales por servicios como Google Noticias. Algo que no salió del todo bien, ni para el gobierno ni para los medios, ya que Google optó por cerrar el servicio de noticias en España antes que pasar por el aro.

Consecuencia de la Tasa Google

Gracias a la nueva versión del impuesto, se esclarecen los métodos por los que se grava a las tecnológicas: un impuesto del 3% sobre los ingresos procedentes de la publicidad por Internet generados en España. El efecto tardó poco en notarse: pocos meses después de entrar en vigor, Google News llegó a España.

Sin embargo, una consecuencia secundaria de esta ley no ha sido evidente hasta ahora, y revela posibles futuros planes para usar la tecnología de la geolocalización para el 'espionaje legal' de ciudadanos españoles. Y es que, para saber cuántos impuestos Google y otras tecnológicas deben pagar, primero es necesario saber exactamente cuántos usuarios acceden a sus servicios desde España y generan ingresos para las empresas.

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Para ello, la ley incluye una sección en la que se explica que, normalmente, se usará la dirección IP del dispositivo para determinar la localización del usuario y así determinar si Google debe pagar el impuesto del 3% sobre los ingresos que genere; sin embargo, es bien sabido que la dirección IP no es un dato realmente fiable para determinar la localización en Internet, y de ahí que el texto de la ley aclare que se pueden usar otros "medios de prueba admisibles en derecho", y concretamente, habla del uso de instrumentos de geolocalización.

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La geolocalización no es extraña para la mayoría de los usuarios de Android; nuestro móvil es capaz de usar varios métodos para determinar nuestra posición con diversos niveles de precisión, un dato que las apps pueden usar para prestar servicios relacionados con nuestra posición.

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La Agencia Tributaria ahora tiene el poder de usar esa tecnología para determinar nuestra localización, aunque sólo con el pretexto de determinar si Google y otras tecnológicas deben pagar impuestos. En concreto, las empresas afectadas son aquellas con ingresos superiores a los 750 millones de euros en todo el mundo, de los cuales al menos 3 millones sean tributados en España. No hay muchas empresas que cumplan esos requistos, y eso explica que se conozca como 'Tasa Google'.

La cuestión, y el miedo entre expertos en privacidad, es si estos datos de geolocalización se pueden usar para otros propósitos. Por el momento, y sobre el papel de la ley, los datos no se pueden usar para 'perseguir' a los usuarios; pero a nadie se le escapa que ya hay gobiernos regionales que están planteando la posibilidad de usar estos datos, como ya se prueba en el País Vasco.

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