Los servicios de IPTV están en el punto de mira. Aunque la tecnología en la que se basan no sea ilegal, es innegable que existen muchas comunidades piratas que se basan en la retransmisión de contenidos sin pagar la licencia.
En España, muchas de esas comunidades siguen en marcha, si bien algo más privadas de lo que eran hasta no hace mucho; mientras que en otros países como Italia ya se ha puesto en marcha una ley que impone multas de hasta 5.000 euros a los usuarios de IPTV.
Ahora, la comunidad mundial de IPTV ha recibido otro duro golpe, después de que el creador de uno de los servicios más populares haya sido arrestado tras una investigación que ha revelado hasta qué punto defraudaba a los usuarios y a los propietarios de los derechos.
Más de 900 canales por IPTV
El servicio se llamaba Digital TV, y presumía de ser uno de los más usados en Argentina, donde principalmente prestaba sus servicios. De hecho, hace poco la página oficial de Facebook daba las gracias a los usuarios por alcanzar nada menos que 82.000 clientes en el servicio, una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que no era gratis; para entrar en la comunidad era necesario un pago de 1.200 pesos argentinos, aproximadamente 3,94 euros al mes. Por lo tanto, no era mucho, el precio "de una pizza, una gaseosa y unas papas fritas" según los propietarios, y de esa manera atrajeron a semejante cantidad de usuarios; eso se tradujo en una facturación de 100 millones de pesos mensuales, aproximadamente 328.000 euros al mes.
Sin embargo, detrás de esta exitosa empresa se encontraba un servicio dedicado al fraude de derechos de autor, según revela La Nación. Los propietarios de Digital TV son acusados de montar un servicio clandestino de streaming, por el que se ofrecía acceso a más de 900 canales de televisión para los que no tenían licencia de retransmisión. Además, desde la plataforma también se podía acceder a 8.000 películas, 400 series e incluso ver señales de diferentes partes del mundo.
Después de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic), el cerebro tras este esquema ha sido arrestado; sería un joven de apenas 22 años, que fue identificado y rastreado a través de las direcciones IP desde las que se conectaba. Pese a su edad, la fiscalía afirma que fue el encargado de crear la app que ofrecía acceso al servicio digital, que en realidad 'pinchaba' el servicio de las empresas afectadas; la app se distribuía a través de la tienda de Google Play, por lo que parecía legal. De ser declarado culpable, el autor se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel.