El problema de las IPTV piratas no es exclusivo de España; es un fenómeno que se da en toda la Unión Europea. Tal vez por eso se están notando avances en la creación de futuras leyes que permitan identificar a los usuarios de IPTV para imponerles cuantiosas multas.
Mientras tanto, los propietarios de los derechos del fútbol y del contenido emitido por estas televisiones ilegales se centran en demandar a los propietarios de estos servicios y colaborar con las fuerzas de seguridad locales para encontrar a los que retransmiten los contenidos.
Una de estas colaboraciones ha terminado en el cierre de uno de los mayores servicios de Europa, que ofrecía acceso a plataformas de compañías que emiten en Grecia, como Nova, Cosmote y Vodafone.
Cierra un servicio de IPTV
Aunque el nombre del servicio no se ha hecho público, todo indica que se trata de uno de los más importantes provenientes de Grecia, teniendo en cuenta el tamaño de su plantilla y la cantidad de ingresos que supuestamente obtenía. Al igual que otras plataformas pirata, el gran aliciente de este servicio estaba en el precio: la gran cantidad de servicios de streaming que han abierto en los últimos años obliga al usuario a pagar varias suscripciones para acceder a todo el contenido que quiere ver. A eso hay que sumar los paquetes de televisión que suelen incluir algunas operadoras y que ofrecen acceso a IPTV legal.
Ante semejante inversión, el servicio cerrado en Grecia ofrecía acceso a la misma cantidad de contenido, una enorme biblioteca de películas y series de televisión, pero por un precio muy inferior; así que era una elección sencilla para muchos griegos: aproximadamente 13.000 usuarios se apuntaron. Gracias a esta gran base de usuarios, según la policía helena, los operadores del servicio obtuvieron más de 25 millones de euros de beneficio puro; aunque no ha explicado cómo ha llegado a esa cifra, la inversión que suponen estos servicios suele implicar la compra e instalación de servidores propios, sin depender de empresas especializadas que pueden cerrar el acceso fácilmente.
La organización llevaba en marcha más de ocho años, con un ‘modus operandi’ basado en un portal web a través del cual los usuarios podían contactar con un vendedor; los detenidos habrían participado como gestores y vendedores del servicio. Un detalle importante es que los pagos se realizaban por métodos difíciles de rastrear, como pago en metálico o a través de bancos extranjeros, directamente a las cuentas bancarias de los detenidos.
Los detenidos habrían invertido ese dinero de varias maneras, incluyendo la compra de inmuebles y de vehículos, de los que doce fueron incautados durante la operación, así como la formación de empresas dedicadas a las apuestas online. Por todo esto, además del cargo de crímenes contra la propiedad intelectual, la policía también ha presentado cargos de blanqueo de dinero y pertenencia a banda criminal.