El referéndum ilegal amenaza con agravar la delicada situación financiera de la familia Raventós, propietaria de Codorníu.

La incautación de cientos de cajas de material del 1-O (tarjetas censales y citaciones para las mesas electorales sobre todo) en diversas oficinas de Unipost, la empresa de mensajería del grupo -presidida por Antón Raventós-, está trayendo las primeras consecuencias.

En la red se ha reactivado el boicot que Codorníu ya sufrió en 2014, cuando se supo que Unipost había impreso el material de la consulta del 9 de noviembre.

La compañía de correos atraviesa por una situación ruinosa. En julio presentó un concurso de acreedores, con una deuda con los bancos de 20 millones de euros y otra con Hacienda de 5,4 millones que le ha llevado a figurar en las últimas listas de morosos del Ministerio.  

De hecho el ministro de Justicia, Rafael Catalá, insinuó este martes que la Generalitat podría estar aprovechando los "problemas económicos serios" de Unipost para presionar a la compañía y que colabore en el 1-O.

Las cuentas de Codorníu tampoco son para tirar cohetes. En abril la firma de cava presentó un ERE en su plantilla ante la pérdida de negocio y competitividad.

Venían de varios años consecutivos de pérdidas (5,6 millones de euros en 2015) que sólo consiguieron revertir tímidamente en 2016, cuando obtuvieron unos beneficios de 68.000 euros. Calderilla para una familia de la alta burguesía catalana como los Raventós.

Y lo más curioso es que les está salvando la cara el vino de La Rioja, a través de Bodegas Bilbaínas, de su propiedad. Porque el cava Codorníu está muy identificado con los Raventós, pero los caldos de Viña Pomal, Viña Zaco, Royal Carlton y La Vicalanda no.