Imponen una fianza de 640.000 euros al exjugador del Atlético de Madrid salpicado por los ERE

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha abierto juicio oral y ha impuesto una fianza de 640.000 euros al exfutbolista del Atlético de Madrid 'Pizo' Gómez por las ayudas a la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre).

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada también abre juicio oral e impone dicha fianza al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, al exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, y al exdirector gerente de la empresa Miguel Errecalde Treviño.

La magistrada da un plazo de un día a los cuatro acusados para que abonen la fianza, que podrá prestarse en cualquiera de las clases señaladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, advirtiéndoles de que, "de no prestarla, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

La juez ha tomado esta decisión después de que hayan presentado sus escritos de acusación tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el PP-A.

En el caso de José Antonio Gómez Romón, conocido como 'Pizo' Gómez, que fuera trabajador de la empresa y exfutbolista del Osasuna y Atlético de Madrid, la juez abre juicio oral y tiene formulada la acusación como cooperador necesario de los delitos de prevaricación y malversación y por un delito de asociación ilícita.

Asimismo, y en este auto consultado por Europa Press, la instructora tiene formulada la acusación contra Guerrero como autor de esos tres mismos delitos, y contra Antonio Albarracín y Miguel Errecalde Treviño como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación y malversación.

La juez asevera que no procede la apertura de juicio oral en la modalidad de continuado del artículo 74 del Código Penal ni por un delito de fraude del artículo 436, "pues ello no fue determinado en el auto de inclinación de procedimiento abreviado que no fue impugnado por el Ministerio Fiscal".

Tanto la Fiscalía como la Junta y el PP-A habían acusado también en esta pieza al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, pero la juez recuerda que ha acordado "apartar de la causa y archivo" respecto a Fernández tras aplicar por primera vez el criterio marcado por la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha dictaminado que sólo haya un juicio para los ex altos cargos imputados en la pieza 'política'.

La juez, que acuerda que tanto Cenforpre como la sociedad Holding Europeo Tindex S.L. respondan subsidiariamente de la cantidad de 640.000 euros, declara a la Audiencia Provincial de Sevilla como órgano competente para el enjuiciamiento de esta pieza de los ERE.

En el auto de procesamiento, la juez explicaba que la "hipótesis" inicial sostenida en esta pieza separada era que 'Pizo' Gómez, "prevaliéndose de la amistad que su jefe", Miguel Errecalde, tenía con Guerrero, "consiguió una póliza para éste bajo la apariencia de pago de un supuesto servicio, que no era real", una hipótesis que "ha sido absolutamente descartada tras la práctica de las diligencias desarrolladas".

No obstante, la instructora mantiene que, de dichas diligencias, "se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos encontramos, determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos delictivos que para mayor claridad" expone en el auto.

Pólizas

Así, la juez relata que, el 1 de agosto de 2007, Guerrero "otorgó como medio para el pago de unos servicios prestados" por Cenforpre una póliza de rentas de supervivencia y nueve pólizas de capital diferido, todas ellas en el mismo documento, figurando como tomadora la Dirección General de Trabajo y como beneficiario el exfutbolista 'Pizo' Gómez.

Según la juez, Cenforpre realizaba programas de formación para la Junta y venía cobrando dichos servicios mediante transferencias bancarias, pero, "al parecer, los últimos cursos realizados, concretamente un proyecto de divulgación de riesgos laborales (formación de graduados de colegios profesionales), iniciado en 2004 y finalizado en 2006, no podían pagarse por falta de presupuesto".

"Esta parece ser que fue la causa por la que Guerrero propone" al gerente de la empresa "pagar mediante una póliza de rentas", considera la juez, que agrega que, para ello, "era necesario que apareciera como beneficiario una persona física", por lo que Miguel Errecalde le propuso a un empleado, en concreto a Gómez Romón, que fuera él quien apareciera como beneficiario de la póliza "para cobrar los servicios".

Método "conocido" y "consentido"

Así, este trabajador aceptó la proposición realizada por su jefe y percibió entre septiembre de 2007 y agosto de 2008 en su propia cuenta corriente y "a sabiendas que ningún derecho tenía a recibir tales rentas" un total de 491.424,43 euros con los que pagó las cuotas de amortización de un préstamo de 500.000 euros que pidió a la Caja Rural de Navarra, "habiendo devuelto" el dueño de Cenforpre "unos 200.000 euros".

La juez afirma que la intervención de Antonio Albarracín en estos hechos "queda limitada a la referida póliza individual en la que aparecía como beneficiario" Gómez Romón, "quien indiciariamente conocía de la irregularidad de la misma".

Asimismo, señala que el exdiputado del Partido Socialista del País Vasco Antonio Aso "era un técnico que gestionaba u organizaba la realización de estos cursos, que se realizaron, no existiendo indicios de participación alguna en el cobro de los mismos ni en la emisión de la póliza".