Un alcalde socialista de Cuenca deja sin trabajo a una empleada municipal para hacerlo él mismo

El alcalde de Quintanar del Rey (Cuenca), el socialista Martín Cebrián, ha apartado a la presidenta del Comité de Empresa en el Ayuntamiento de la localidad del trabajo que llevaba realizando desde 2002 como directora y coordinadora de la Universidad Popular (UP), la mayor de la provincia conquense y la segunda más grande de Castilla-La Mancha tras la de Albacete.

Según ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) mediante una nota de prensa, "el alcalde asegura que, a partir de ahora, él mismo hará el trabajo que venía desempeñando la presidenta del comité durante los últimos 17 años, en los que la UP de ha pasado de 356 alumnos a 1.002, repartidos en 59 grupos, con más de una veintena de monitores que imparten 24 cursos, enfocados sobre todo a colectivos en riesgo de aislamiento o exclusión social tanto de Quintanar como de toda su comarca".

A preguntas de los portavoces de PP y Podemos, el alcalde aseguró en el pleno municipal del pasado jueves que "a partir de ahora será él mismo quien gestione directamente este servicio" porque, según él, "el trabajo que requiere se hace en un mes, en el periodo de las matriculaciones", según CCOO, que asegura que Cebrían demuestra con sus afirmaciones "tanto su profundo desconocimiento de la responsabilidad y las funciones que conlleva la dirección y coordinación de la UP como, por desgracia, su menosprecio al trabajo desarrollado durante diecisiete años por la coordinadora”.

El sindicato ya ha interpuesto demanda individual contra el Ayuntamiento de Quintanar por modificación sustancial de condiciones de trabajo y vulneración de derechos fundamentales de la presidenta del comité de empresa, “contra la que el señor Cebrián manifiesta una enfermiza obsesión persecutoria; al igual que contra el conjunto de los miembros del comité, salvo uno de los nueve que lo integran: un delegado electo en la lista de UGT que fue desautorizado por su propio sindicato tras convocar un referéndum ilegal sobre la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT).”