La consejera de Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ha destacado que las áreas de empleo y de bienestar social son las que más van a crecer en 2018, con subidas del 25,1 y el 17,9 %, respectivamente.

La consejera ha comparecido en rueda de prensa, junto con el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, para informar de los acuerdos aprobados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, entre ellos, el proyecto de ley de presupuestos de la Junta para 2018 que incluye el Plan de Garantías Ciudadanas.

Herranz ha subrayado que la cuantía del Plan para el año próximo año asciende a 143 millones de euros, 23,8 millones más que en el 2017 (el 20 % más), y que los principales incrementos se registran en la garantía del empleo y en las medidas de la Consejería de Bienestar Social.

Ha recordado que el Plan de Garantías Ciudadanas tiene como centro a la persona y se fundamenta en tres programas: el de garantía habitacional, el de garantía de suministros del hogar y la garantía de rentas.

La aplicación del Plan se analizará a través de una comisión permanente se seguimiento para la coordinación de las políticas de las consejerías, y además, ha resaltado la consejera, se contará con la colaboración de representantes de organizaciones sociales y colectivos a través de la Mesa de Participación Ciudadana.

Retraso en el pago de la hipoteca

La consejera ha argumentado la necesidad del plan en que un 13,1 % de la población admite retrasos en el pago de la hipoteca, por lo que es importante actuar para evitar situaciones de riesgo de perder la casa, recuperar la situación de habitabilidad y garantizar el derecho de permanencia en la vivienda en los casos de insolvencia sobrevenida, además de regular el derecho de acceso a la vivienda.

En el caso de la garantía de suministros, ha señalado que un total de 24.000 hogares de Castilla-La Mancha dicen no haber podido utilizar alguna fuente de energía, por lo que se busca minimizar los efectos de la pobreza energética y evitar los cortes de suministro.

El programa de garantía de rentas, ha explicado Herranz, viene derivado de que un 37,9 % de la población castellano-manchega está en riesgo pobreza y exclusión social, por lo que se va a impulsar un mercado de trabajo inclusivo, el acceso a servicios de calidad y una futura renta garantizada.

Hasta que se llegue a esta renta garantizada, la consejera ha recordado que se va a mejorar el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), con la supresión de la interrupción de tres meses y la posibilidad de cobertura por encima de los 24 meses, además de exenciones y bonificaciones en tasas y precios públicos de educación.