El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, ha inaugurado una jornada sobre economía circular para presentar 'Bioregio', un proyecto europeo en el que la Junta participa como el único socio del país con el atractivo de la planta piloto de la biorrefinería Clamber.

'Bioregio' es un proyecto de cooperación entre países e instituciones europeas que pretende difundir experiencias de economía circular y en el que participan ocho socios provenientes de España, Finlandia, Grecia, Eslovaquia y Rumanía.

La jornada celebrada en Puertollano "ayuda a ver el futuro con una estrategia moderna, del siglo XXI, con el objetivo de no dejar nada sin usar y que los residuos se utilicen como materia prima en procesos generadores de empleo", ha señalado el consejero.

Respecto a la planta Clamber, Martínez Arroyo ha explicado que se trata de un proyecto "muy importante" que atraerá empresas de biotecnología "de todo el mundo" y, de hecho, ya hay dos proyectos de ensayo en marcha, para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y para extraer el vinagre de la madera en procesos industriales.

"Solo dos de momento pero esperamos muchos más, porque esta planta es nuestro proyecto estrella dentro de 'Bioregio', una planta donde la empresas pueden venir a probar si sus ideas tiene beneficio y son rentables", ha explicado el consejero.

Proyecto de economía circular

El proyecto 'Bioregio' pretende impulsar la economía circular de los residuos orgánicos en diferentes regiones europeas y, en este sentido, el consejero ha señalado "que la Junta está elaborando la primera ley de economía circular de España que irá al Consejo de Gobierno en marzo de 2018".

Una ley que "primará lo verde" en Castilla-La Mancha y por ejemplo permitirá "recuperar los bioplásticos que se utilizan en horticultura y transformarlos en materia orgánica o en compost para esos mismo cultivos al año siguiente", ha dicho.

Martínez Arroyo también ha explicado que la futura ley incorporará la posibilidad de que existan cánones ambientales y fianzas para el tratamiento de los residuos, de manera que si hay problemas ambientales "sean las empresas la que paguen esos daños y no los ciudadanos".

Además, priorizará en las contrataciones públicas a las empresas que hagan "un esfuerzo por la económica circular, por lo verde", ha enfatizado.