El Gobierno regional destaca que el Tribunal de Cuentas no cuestiona la legalidad de los contratos públicos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado este lunes que la contratación pública en esta región "se ajusta a los principios de legalidad y transparencia", los cuales no pone en entredicho el Tribunal de Cuentas en el informe que, sobre esta materia, ha publicado en su página web.

En nota de prensa, la Junta aclara que el Tribunal de Cuenta señala en dicho informe de fiscalización, sobre la contratación pública de 2016 y 2017 correspondientes a las cinco comunidades autónomas que no disponen de un órgano de control externo propio, una serie de observaciones en los contratos examinados de las comunidades de Cantabria, Extremadura, Murcia, La Rioja y Castilla-La Mancha, además de las ciudades de Ceuta y Melilla.

En el caso de Castilla-La Mancha, "el Tribunal solo ha examinado 68 contratos de los más de 3.000 formalizados por la Administración regional entre 2016 y 2017, que se ajustan a la legalidad y, en relación a la tramitación administrativa de los mismos, ha hecho algunas observaciones", explica el Ejecutivo regional.

Por otra parte, el informe indica que el Gobierno de Castilla-La Mancha cumple en materia de transparencia "de manera destacada" en cuanto a contratación administrativa con la publicación de las instrucciones de contratación, la existencia de los perfiles del contratante y el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, de igualdad y de transparencia de adjudicaciones y contrato.

El Tribunal de Cuentas también reconoce el cumplimiento por parte del Gobierno regional de las observaciones remitidas en informes anteriores, entre ellas, por ejemplo, remitir toda la información a dicho órgano sobre contratación llevada a cabo en el sector público regional, cumplir con los objetivos de transparencia y objetividad en el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares o aumentar la diligencia en la elaboración y supervisión de los proyectos.

Además, en las alegaciones presentadas al borrador del informe por la Junta de Comunidades, se justifica en cada uno de los contratos examinados el cumplimiento de la normativa y el envío de toda la documentación que había solicitado para la evaluación de los contratos examinados, concluye el Ejecutivo castellano-manchego.