Ruiz Molina quiere recuperar uno de los órganos de la Junta que se cargó Cospedal

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas concentrará su actividad esta legislatura en más de 70 medidas y seis nuevos proyectos legislativos, entre los que destacan una nueva ley del juego y una ley para dotar a las Cortes de un órgano propio de fiscalización externa de la actividad económico financiera de la Administración regional.

Así lo ha avanzado este viernes el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales para informar sobre la política a desarrollar por este departamento en los próximos cuatro años.

Ruiz Molina ha explicado que la nueva ley del juego tendrá entre sus principales objetivos fomentar el juego responsable, ser "más restrictivos" en la autorización de nuevos establecimientos de este tipo y aplicar un régimen sancionador "más duro" -especialmente en lo relativo al acceso de menores a estos locales-, pero teniendo en cuenta que ésta es "una actividad legal".

De igual modo, ha señalado que esta legislatura se prevé poner en marcha una nueva ley para dotar a las Cortes de un órgano propio de fiscalización externa de la actividad económico financiera de la Administración regional que, según el consejero, permitirá actuar "de forma más eficiente" y aportar un "mayor control" en el proceso de fiscalización.

Modificar la ley de empleo público para cambiar los temarios y las condiciones de acceso de personas con discapacidad a las ofertas de empleo público, modificar la ley colegios profesionales para adaptarla a la normativa europea, una nueva ley patrimonio y una nueva ley para reservar parte de los contratos a los centros especiales de empleo, son otros de los retos de esta Consejería para la presente legislatura.

El consejero ha incidido en que la política presupuestaria que viene desarrollando la Junta tiene como principal objetivo generar empleo y riqueza y distribuirla en forma de servicios públicos, con el compromiso de no aumentar la presión fiscal y el "respeto absoluto" a la legalidad en materia de sostenibilidad financiera, es decir, el cumplimiento del objetivo de déficit, deuda y regla de gasto.

También ha hecho hincapié en que este departamento ha incrementado "considerablemente" sus competencias respecto al anterior mandato, al incorporar aquéllas relacionadas con las nuevas tecnologías y la sociedad de la información, que se van a gestionar a través de una nueva Dirección General de Administración Digital.

Y ha añadido que, con estas nuevas competencias, la Consejería está "en disposición" de mejorar la calidad, la modernización y la flexibilización de los servicios públicos que se proyectan a la ciudadanía.

Respecto a la financiación autonómica, ha afirmado que le gustaría que fuera "el principal reto" al que se enfrente la Consejería, en el sentido de que se pueda abordar un nuevo modelo de financiación.

En este punto, se ha mostrado convencido de que se llegará a "una posición común" entre todas las fuerzas políticas y ha recordado que se va a constituir un grupo de trabajo para tratar este asunto.

En materia de recursos humanos, ha manifestado su intención de continuar con la recuperación de los derechos de los empleados públicos y de mejorar sus condiciones laborales, para lo cual ha adelantado que ofrecerá a los sindicatos la firma de un acuerdo en este sentido.

También ha contado que, en los próximos días, el Gobierno regional va a presentar un nuevo plan de impulso a los servicios públicos y que en octubre se va a negociar y a aprobar con los sindicatos la oferta pública de 2019.

La elaboración de un plan director de prevención de riesgos laborales, así como aprobar un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo y otro para la protección de las empleadas públicas víctimas de violencia de género son otras de las propuestas de la Consejería de Hacienda para esta legislatura, que Ruiz Molina afronta "con mucha ilusión y ganas de trabajar".

Sin embargo, el diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado no compartir la visión "tan optimista" de la realidad de la región que, en su opinión, tiene el consejero y ha indicado que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma más endeudada en relación con el PIB.

En cambio, el presidente del grupo socialista, Fernando Mora, ha alabado la actuación del Ejecutivo autonómico y ha subrayado que va "por buen camino" en la recuperación de derechos de los empleados públicos, a la vez que ha considerado "fundamental" la aprobación de una nueva ley del juego.

Por su parte, el diputado del grupo parlamentario de Ciudadanos David Muñoz también ha hecho alusión a la deuda pública, de la que ha dicho que es "bastante alta", al tiempo que ha resaltado que se disparó con el gobierno anterior y que éste no la ha reducido.