El Gobierno central lanzará un salvavidas de 4.500 millones a las comunidades y la Junta lo aplaude

El vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha calificado de "buena noticia" las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que indicaba que antes del mes de diciembre el Gobierno arbitrará un mecanismo para poder adelantar las entregas a cuenta y en ello están trabajando los técnicos del Ministerio de Hacienda, aunque ha incidido en la necesidad de "buscar una solución definitiva".

En declaraciones a los medios, Martínez Guijarro ha reconocido que el bloqueo de estas entregas "suponía un riesgo para el mantenimiento de los servicios públicos" pero ha insistido en que "no se trata de que tengamos que depender de la voluntad de un gobierno o de los informes de los abogados del Estado".

"Las comunidades autónomas gestionamos los servicios esenciales para los ciudadanos y la financiación tiene que estar al margen de los avatares políticos que puedan ocurrir a nivel nacional", ha continuado, reiterando la opinión del Gobierno autonómico de desvincular la financiación de las autonomías de las "incertidumbres políticas".

4.500 millones en 10 días

Guijarro ha hecho estas declaraciones el mismo día que se conocía que el Gobierno ha encontrado un resquicio legal para actualizar la financiación a las comunidades sin saltarse el dictamen de la Abogacía del Estado que le impide el pago de estas cantidades por estar en funciones. Según informa este sábado El Pais, una vez concretado el Ministerio de Hacienda desbloqueará 4.500 millones de euros a las Administraciones regionales por la mejora de la recaudación del IRPF, el IVA y los impuestos especiales durante este año, algo que reclaman desde hace semanas los presidentes autonómicos.

La ministra María Jesús Montero pretende desbloquear esa cifra en los próximos 10 días: Hacienda busca así dar tiempo suficiente para que los Gobiernos autónomos puedan anotarse esa partida y evitar recortes, según las fuentes consultadas. A mes y medio de las cuartas elecciones generales en cuatro años, eso supondría un alivio para las cuentas autonómicas, que han anunciado yalos primeros tijeretazos en servicios básicos por sus problemas de liquidez.

Hasta cuatro Gobiernos autónomos (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias) han activado ya ajustes en el gasto público, y varias comunidades más, entre ellas Castilla-La Mancha, han advertido de que presentarán planes similares para los últimos meses del año. Todo ello ha provocado una agria polémica con Hacienda. Las autonomías están recibiendo este año los pagos correspondientes del Presupuesto de 2018, unos 104.000 millones en total, pero reclaman también otros 4.500 por la mejora de la recaudación tributaria durante este año. Esa cifra asciende a casi medio punto de PIB y es equivalente a lo que el Estado gasta al año en carreteras, puertos y aeropuertos conjuntamente.

Queda algún fleco legal por resolver, pero La Moncloa ha dado ya el visto bueno político a ese atajo. La solución pasaría, según detallan hasta tres fuentes gubernamentales, por hacer una reinterpretación del informe emitido en agosto por la Abogacía del Estado, que impide al Ejecutivo en funciones desbloquear los fondos “para no condicionar la actuación del nuevo Gobierno”. La Moncloa considera que a partir de este lunes, cuando se oficialice la convocatoria electoral para el 10-N, se abre un periodo de interinidad: no habrá un nuevo Gobierno conformado hasta, como mínimo, finales de este año o principios de 2020. Eso, según las mismas fuentes, habilita al Ejecutivo para realizar los desembolsos a las comunidades “sin introducir nuevas directrices políticas, ni desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya”, tal y como defendía el abogado del Estado. En plata: los pagos de las actualizaciones de 2019 ya no podrán perjudicar las actuaciones de ningún otro Gobierno “este mismo año”, según las mismas fuentes.