El Ministerio de Hacienda no pagará a las comunidades autónomas los 2.500 millones de euros que les adeuda por el impago de la liquidación del IVA de 2017, una espinosa decisión por la que Castilla-La Mancha (a la que se deben 135 millones) ha activado la vía judicial contra el Ejecutivo central pese a compartir signo político. Es la decisión que la ministra María Jesús Montero ha comunicado a las regionales durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado este viernes en Madrid, aunque en dicho foro ha propuesto unas medidas paliativas que no han acabado de contentar a los consejeros autonómicos.
En concreto, Hacienda ha propuesto compensar el impago de la liquidación del IVA de 2017 (con un Fondo extra de Liquidación Autonómico (FLA) al cero por ciento de interés. Además, se ha comprometido a no tener en cuenta el IVA impagado para el déficit regional. De manera que, si una región registra en 2019 un déficit del 0,1 por ciento o inferior, se entenderá que ha cumplido el objetivo de déficit y no sufrirá el control de Hacienda. Sin embargo, estas medidas han generado recelos entre las comunidades autónomas, que no quieren aumentar su nivel de deuda aunque se les haya ofrecido financiación gratis.
Según el documento entregado por Montero a los consejeros, la liquidación del IVA de 2017 es un problema generado por el ministro Cristóbal Montoro que PP y Ciudadanos impidieron solucionar, al rechazar la propuesta del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, y no ha provocado recortes del gasto de las comunidades autónomas. Para el Gobierno, las comunidades no han realizado recortes por el efecto de la liquidación del IVA de 2017 sino que han gastado ese dinero. Por tanto, en lo que se ha traducido el efecto del IVA es en un mayor déficit público en 2019 y en un probable incremento del período medio de pago a proveedores. Según el documento de Hacienda, ahora no es posible revisar la liquidación del año 2017 y por ello la propuesta de medidas paliativas.
El Gobierno también ha planteado que si una comunidad, tras descontar el efecto del IVA, cumple con el objetivo de déficit, no tendrá que presentar un Plan Económico Financiero (PEF). Y, además del FLA extraordinario, si las comunidades se acogen a los mecanismos de financiación, quedarán asignadas al Fondo de Facilidad Financiera. Eso implica poder compaginar la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez con la salida a los mercados.
Se relaja el objetivo de déficit
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda de relajar en dos décimas los objetivos de déficit de las comunidades autónomas para 2020. Este anuncio, que ha cogido por sorpresa a los consejeros, supone que las comunidades autónomas puedan incurrir en un déficit del 0,2 por ciento del PIB este año, frente al equilibrio presupuestario que se preveía para 2020 por el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2021, el objetivo del déficit autonómico sería del 0,1 por ciento del PIB y se plantea equilibrio presupuestario para los dos años siguientes, 2022 y 2023.
La meta ha quedado aprobada con once votos a favor, los de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana, Melilla y Ministerio de Hacienda, todas comunidades gobernadas por el PSOE, salvo Cantabria, encabezada por el Partido Regionalista. En contra ha habido seis votos, los de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia y Ceuta. Cataluña no ha podido votar por la inasistencia del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonés, ya que la secretaria de Economía, Natalia Mas, que es quien ha acudido a la reunión, no tiene capacidad para hacerlo.
A preguntas de los medios de comunicación, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha aclarado que la deuda como consecuencia del IVA de 2017 y la flexibilización de los objetivos de estabilidad presupuestaria “son dos cosas absolutamente diferentes”. De esta forma, ha insistido en que “una cosa es de qué manera las comunidades autónomas tenemos que llegar al equilibrio presupuestario, y en ese sentido aplaudimos desde Castilla-La Mancha que se nos permita que tardemos más años en llegar a esa estabilidad, y otra es que se nos debe una cantidad cierta de 135 millones". "Por lo tanto, no me gusta vincular la senda de objetivos de déficit con la deuda que mantiene la Administración del Estado con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”, ha finalizado.
Ruiz Molina ha tachado de "un poco absurda" la solución planteada por el Ministerio de Hacienda. "No puedo dirigirme a los ciudadanos de Castilla-La Mancha diciendo que el Estado no me reconoce aquella deuda pero me presta dinero", ha subrayado el consejero castellano-manchego, que se ha mostrado decepcionado por la solución planteada por la ministra, que provocaría "elevar nuevamente el endeudamiento".
En declaraciones a los medios tras el término del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Ruiz Molina ha asegurado que llevará al Consejo de Gobierno la propuesta realizada por el Ministerio que evaluará si siguen adelante con la decisión de recurrir ante los tribunales la devolución del IVA.
Ruiz Molina ha recordado que, en el caso de Castilla-La Mancha, se estima que la cantidad adeudada por el Estado en concepto del IVA de 2017 asciende a 135 millones de euros "que corresponden a los ciudadanos de la región". Por ese motivo, el Gobierno que comanda el socialista Emiliano García-Page inició el inicio de acciones judiciales contra el Ejecutivo central para recuperar dicha cantidad.
Este mismo viernes por la mañana, horas antes delConsejo de Política Fiscal y Financiera, García-Page se mostraba confiado en acercar posturas con el Ministerio de Hacienda por la liquidación del IVA del año 2017, aunque reconocía que "si no se paga a las autonomías, que no se engañe nadie, será una amenaza de recorte a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales". El líder del Ejecutivo autonómico indicaba además que, en caso de conseguir "algo más de oxígeno" presupuestario en forma de relajación de los objetivos del déficit, como así ha sido, ese dinero iría a parar a gasto social en Castilla-La Mancha.