El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha iniciado este miércoles el trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento para la liquidación provisional de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en la autopista AP-36 Ocaña-La Roda.
Según ha informado el propio Ministerio en un comunicado, se trata de la segunda concesión para la que comienza dicho procedimiento de audiencia, después de que se iniciase este trámite para la M-12 el pasado 31 de enero de 2020.
Para ello fue necesario que el Consejo de Ministros aprobase el pasado 26 de abril de 2019, una vez cumplida la tramitación establecida en la legislación sobre contratos públicos y de acuerdo con el Consejo de Estado, el 'Acuerdo de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas, en cuanto al método para calcular la Responsabilidad Patrimonial de la Administración'.
El pasado 18 de febrero, comenzó esta fase del procedimiento, solicitando a los interesados (administradores concursales, avalistas y acreedores) los datos necesarios para proceder a la notificación electrónica y para poner a su disposición, a través de una plataforma informática, la documentación recopilada y elaborada para el cálculo de la RPA.
Una vez que concluya el trámite de audiencia, que tendrá una duración de 15 días, se analizarán las alegaciones recibidas y, a partir de dicho estudio, se procederá a dictar la primera resolución de determinación de la misma.
Una cifra multimillonaria
Siguiendo lo indicado en el citado acuerdo de interpretación, se ha calculado que la RPA de esta autopista asciende a 319.905.783 euros.
La cuantía es el resultado de la RPA por obras (309.224.497 euros) y la RPA por expropiaciones (24.536.532 euros), menos el valor de las inversiones necesarias para obtener, en la fecha de la valoración, la "perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad" (11.649.051 euros), así como minorar las indemnizaciones pagadas a los expropiados por la Administración (2.206.194 euros).
Sobre la cantidad reconocida se han de retener provisionalmente los importes para hacer frente a la liquidación de situaciones aún pendientes (expropiaciones pendientes de pago de las que pueda tener que hacerse cargo la Administración), que ascienden en este momento a 1.777.896 euros. En consecuencia, como resultado de este cálculo, se deberá proceder al pago a cuenta de 318.127.887 euros.
En los seis meses siguientes a la primera resolución de determinación de RPA, deberá dictarse la resolución complementaria con la liquidación complementaria de las situaciones pendientes. Seis meses después de esta liquidación complementaria se dictará una resolución definitiva, a los efectos de regularizar aquellas situaciones pendientes que hayan quedado resueltas en este período.