La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha opinado que la caída en un 14,6 por ciento entre 2014 y 2017 de los beneficiarios de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en Castilla-La Mancha se debe al incremento de 100 a 300 euros del tope mínimo de pago aplicado por el Ministerio para pedir ayudas.

El sindicato ha señalado en un comunicado que una buena parte de esta reducción se debe también a los productores que, por el hecho de sumar ayudas directas inferiores a los 300 euros, no tienen derecho al cobro.

En 2015, según Unión de Uniones, en la región había 12.915 de perceptores de pago único por debajo de esa cantidad, que representaban el 16,3 % del total de solicitantes de la región.

La organización ha considerado que "la nada exigente definición de agricultor activo" aplicada en España por el Ministerio de Agricultura apenas ha influido en la bajada de perceptores al permitir que se considere activo a cualquiera que pudiera acreditar la responsabilidad empresarial de la explotación, sin considerar su vinculación profesional a la actividad agraria.

Unión de Uniones ha mantenido que ni el Ministerio ni las comunidades autónomas se han preocupado de concentrar las ayudas en los verdaderos activos agrarios, sino "simplemente, quitarse carga de trabajo dejando sin ayudas a decenas de miles de pequeños agricultores, muchos de ellos profesionales, pero en sectores que tradicionalmente han contado con poca o ninguna ayuda directa".

Ante esto, la organización ha expuesto que seguirá reclamando de cara a la futura reforma de la PAC que se mantenga y refuerce la figura de agricultor activo como beneficiario de sus ayudas.

Además, que en España no se elimine esta exigencia en caso de que se apruebe el llamado Reglamento Ómnibus sobre la revisión del actual marco financiero plurianual, que afecta a numerosos reglamentos comunitarios, entre ellos los relativos a la Política Agraria Comunitaria.