La Coordinadora Agraria (COAG) ha pedido una reunión urgente al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, para analizar el sospechoso 'modus operandi' de las grandes bodegas a la hora de fijar precios similares para la uva podría suponer algún tipo de delito contra la libre competencia por un presunto pacto de precios.

"Campaña tras campaña se repite la misma mecánica. Esperan a que la bodega de referencia en la región presente su tablilla para a continuación no pagar la uva a los viticultores por encima de las cotizaciones fijadas por dicha bodega. Un puñado de empresarios se benefician del esfuerzo de miles de viticultores que se muestran indefensos ante este tipo de prácticas comerciales abusivas", ha denunciado el Presidente de Coordinadora Agraria COAG-CLM, Ángel Galve, según ha informado la coordinadora en nota de prensa.

En este sentido, los máximos responsables de COAG pedirán a Martínez Arroyo que el Gobierno regional lidere una investigación junto con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para dirimir si los grandes industriales vinícolas están alterando de forma artificial el mercado en beneficio propio, con el perjuicio que eso supone para la rentas de los agricultores.

Según COAG, las primeras tablillas presentadas recogen una bajada media cercana al 20 % respecto a las cotizaciones de la vendimia pasada, muy alejadas de la situación real de mercado.

"Las existencias de final de campaña, 28,1 millones de hectólitros, las más bajas de los últimos cinco años y las estimaciones de producción a nivel nacional, 43 millones de hectólitros, no justifican los precios publicados. Además, los precios medios de exportación se han revalorizado un 16 % durante el primer semestre del año, tal y como recoge el último informe presentado por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV)", afirman desde COAG.

Quejas desde ASAJA

Por su parte, el portavoz de la sectorial vitivinícola de Asaja Ciudad Real, Pedro Alcolea, ha urgido a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rura a que facilite la relación de existencias de vino, por tipo y según pliegos de condiciones, de la región de forma detallada y desglosada por zonas de producción y añada.

También solicita la relación global de la ubicación de estos vinos, por tipo y zona de producción, tanto en depósito, barrica, botellero o en transición o pendiente de calificar, ha informado la organización agraria en nota de prensa.

Además, Alcolea, que también es presidente local de Asaja Socuéllamos, se ha interesado por las actuaciones realizadas por la Consejería sobre la verificación de la existencia real de esos vinos y los datos aportados por los operadores, así como las actuaciones de las certificadoras, para verificar la corrección de los controles y certificaciones realizadas por éstas.

Asimismo ha instado a publicar ya la normativa referente a las entidades certificadoras de productos vínicos que se encuentra pendiente en la Consejería de Agricultura, y ha añadido que “los datos ofrecidos por las certificadoras deben ser claros en cuanto a su contenido y deben especificar el destino de los vinos (joven, crianza, reserva o gran reserva)”.

El dirigente agrario considera que las administraciones deben “de una vez por todas perseguir el fraude en el sector del vino a través de una trazabilidad real del producto elaborado con la uva, porque de lo contrario, nunca se conseguirá ese valor añadido para el vino castellano-manchego y el sector vitivinícola regional seguirá muy perjudicado”. 

Ha incidido en que es “fundamental” aplicar regímenes sancionadores severos y acordes a los perjuicios causados porque estarían causando “una posible estafa a los agricultores y posible fraude a los consumidores”.

Alcolea ha demandado un control real para evitar prácticas anticompetitivas o de seguidismo entre industriales en la vendimia a la hora de fijar el precio de la uva o posteriormente del vino procedente de las cooperativas, para asegurar el cumplimiento de la ley de la oferta y demanda.