Las organizaciones que operan en el ámbito agrario tendrán que garantizar que al menos el 40 % de los miembros de sus órganos de dirección son mujeres para poder acceder a las ayudas públicas, según el anteproyecto de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales aprobado por el Consejo de Gobierno. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha hecho este anuncio en su comparecencia de este martes para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Ha explicado que las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, organizaciones empresariales y sindicales tendrán un periodo de transición de cuatro años, tras la aprobación de la ley del Estatuto de la Mujer Rural en las Cortes, para adaptarse a este principio de paridad, y transcurrido ese periodo, el precepto será obligatorio.

También las empresas particulares y las cooperativas que tengan en marcha un plan de igualdad, o en las cuales más del 50 % de los miembros de los consejos de administración o los consejos rectores, sean mujeres, tendrán prioridad en todas las ayudas públicas, ha señalado Martínez Arroyo.

El consejero ha destacado que con este anteproyecto de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales se cumple con el compromiso adquirido por la Junta de dar visibilidad a las mujeres que viven en los pueblos y de cubrir la doble discriminación que sufren porque encuentran más dificultades para acceder al mercado laboral y están condicionadas por la falta de infraestructuras que llevan a que tengan que dedicarse a cuidar de los niños y de los mayores.

El Estatuto de las Mujeres Rurales implica la priorización, por ley, de las mujeres en todas las ayudas públicas de agricultura, ganadería, sector agroalimentario y desarrollo rural, y cuando sea posible, más ayuda. Esto ya se viene aplicando con algunas líneas de subvenciones como la fomento de la calidad en el sector agroalimentario (Focal), donde las industrias con más creación de empleo femenino tienen más ayudas.

También se ha priorizado a las mujeres en la convocatoria de incorporación de jóvenes, donde se otorgan 10 puntos a los proyectos presentados por mujeres, cuando con 20 puntos se consigue el mínimo para incorporarse al sector agrario, lo que supone que ninguna mujer que quiera dedicarse a la agricultura o la ganadería se quede fuera.

Martínez Arroyo ha apuntado que, de los 1.218 jóvenes incorporados al campo en la primera de las convocatorias de jóvenes de esta legislatura, 306 son mujeres, cuando en las convocatorias de 2012 fueron solo 75 y 170 en la de 2014. Se espera superar esas cifras en la nueva convocatoria de 2018 que se resolverá en abril y de las que una de cada tres (529) son de mujeres.

Otra medida contenida en el Estatuto de las Mujeres Rurales es el fomento de la afiliación de las mujeres agricultoras y ganaderas a la Seguridad Social, a través de ayudas y subvenciones en el abono de las cuotas en el régimen que corresponda.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha explicado que este Estatuto contará con una contribución adicional con otra normativa, la Ley para el Desarrollo Rural Territorial de Castilla-La Mancha, de la que se tendrá listo un borrador antes de finalizar esta legislatura y que garantizará los derechos a todos los habitantes del medio rural.

Esta Ley sí irá a las Cortes

Por último, Martínez Arroyo ha indicado que el anteproyecto de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales se ha remitido al Consejo Consultivo y ha dicho que ojalá se pudiera aprobar esta legislatura.

Esta ley sí que será remitida a las Cortes al contrario del Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas que pese a haberlo aprobado la semana pasada el Consejo de Gobierno se encuentra en 'stand by' hasta que el diputado de Podemos David Llorente "no cese su estrategia de pinza con el PP" y no abandone su indisciplina asumiendo la agenda del Ejecutivo castellano-manchego "al completo", según argumenta el Gobierno.

A preguntas de los medios, Martínez Arroyo ha insistido en la línea argumental del Ejecutivo castellano-manchego y el PSOE y ha defendido que Podemos "no es capaz" de garantizar el respaldo de sus diputados a los acuerdos de Consejo de Gobierno y "esto es difícilmente entendible".

"Ojalá podamos tramitar en esta legislatura todas las leyes que han salido del Gobierno regional, incluida la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas" de Podemos, ha afirmado el consejero. "Desde el Gobierno regional no vamos a parar la maquinaria", ha finalizado.