La Coordinadora Agraria COAG de Castilla La Mancha ha alertado este lunes de que, con los precios lanzados por la principal industria vinícola de esta región (0,20 euros el kilo para blancas y 0,24 euros el kilo para tintas), los viticultores castellano-manchegos perderían 900 euros por hectárea de uva blanca airén y 1.000 euros por hectárea en tinta tempranillo.

En una cosecha lastrada por la sequía que ha hecho perder la quinta parte del total hay que sumar "la vertiginosa subida" de gastos como fertilizantes, gasóleo o electricidad", según informa la organización en nota de prensa.

Además, "resulta inconcebible que se pretendan pagar unos precios un 15% por debajo de las liquidaciones finales de la campaña anterior".

"Es necesario intensificar los controles ante la opacidad de industriales y bodegas en el primer tramo de la presente vendimia. Tras varias semanas recogiendo uva, la confusión e incertidumbre reina entre los viticultores ante la ausencia de tablillas con precios de referencia.

Asaja se suma a estas reivindicaciones

Mientras, Asaja Castilla-La Mancha ha instado a los viticultores a que denuncien ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) cualquier irregularidad que se produzca en la compra venta de uva para que se persiga y se sancione a aquellos que se saltan la ley. Así se ha pronunciado la organización agraria después de que más agricultores hayan notificado que están siendo sometidos a firmar los contratos con precios que no superan los costes de producción. Concretamente, se están dando nuevos casos en los que algunas bodegas introducen unilateralmente en los contratos una cláusula en la que se señala que el precio acordado está por encima de los costes cuando esto no es real.

El Comité Técnico de Asaja CLM que se ha reunido este lunes ha expuesto el malestar de los viticultores que, tal y como han indicado, se sienten “maniatados e indefensos” pues, aunque puedan demostrar que el precio que les pagan no está cubriendo los costes de producción, son amenazados con no recoger su uva, lo que supondría echar a perder la producción de todo un año por su condición de perecedera.

En este sentido, la organización agraria ha recordado las palabras de la directora general del AICA, Gema Hernández, durante la celebración del Día del Viticultor en Tomelloso cuando explicaba que los costes de producción “deben tenerse en cuenta en los contratos que también deben reflejar con claridad las partes que lo conciertan, su vigencia y el precio. Éste debe acordarse antes de la entrega del producto y no cuando el remolque llega a descargar a la bodega”.

Además, según la directora general la Ley de la Cadena ha venido sufriendo modificaciones con el fin de evitar la pérdida de valor del producto y adelantó que la próxima reforma que sufrirá el texto obligará a registrar los contratos pactados y firmados por las partes antes de que la uva llegue a la industria, algo que ha valorado positivamente Asaja CLM para evitar las prácticas abusivas.

No obstante, la organización agraria ha insistido en que para terminar con esta situación de indefensión es necesario que las Administraciones públicas, incluida la Consejería de Agricultura que es quien tiene las competencias de control, persiga y sancione a aquellos que actúen al margen de la ley y garantice la trazabilidad de las uvas y el vino, así como que vele por el cumplimiento de los contratos y, en general, de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Por último, Asaja CLM ha afirmado que los precios están demasiado bajos a pesar de que se dan las condiciones para que tiendan al alza, puesto que las estimaciones apuntan a una importante reducción de cosecha de los principales países productores, así como un notable descenso en la campaña de Castilla-La Mancha, el mercado sigue operando con normalidad, las existencias son las más bajas de la última década y ha crecido el consumo interno de España.