El Gobierno de Castilla-La Mancha da marcha atrás y modificará la ley que abría la puerta a expropiar forzosamente a los agricultores y ganaderos de la región terrenos infrautilizados durante al menos dos años consecutivos, para nutrir con ellos a un Banco de Tierras público nacido "con la finalidad de la recuperación de tierras abandonadas, recuperar y/o frenar la pérdida de superficie agraria útil, así como mejorar y ampliar la base territorial de las explotaciones, contribuyendo de este modo a fijar la población en el medio rural".

La reforma, que se hará a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2024, llega solo 10 meses después de la aprobación de esta Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra, cuyo artículo 29, referente a las expropiaciones, generó un fuerte rechazo entre la oposición y buena parte del sector primario. Tanto es así que Paco Núñez, presidente regional del PP, dijo en el Parlamento: "Hoy Page ha abrazado al comunismo para aprobar una ley rancia y peligrosa".

Según ha explicado la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, la enmienda que se va a introducir "establecerá claramente que la cesión (de terrenos privados e infrautilizados) al Banco de Tierras será exclusivamente de uso y en ningún caso de propiedad", aparejada en todo caso a la "compensación correspondiente" para los titulares. "Con este cambio, que añade certeza y seguridad, se afianza que Castilla-La Mancha vaya a tener la mejor Ley de Agricultura Familiar frente a la demagogia y los ataques injustificados a la ley por parte del PP", ha argumentado.

No habrá expropiaciones

Padilla, después de aclarar que "no ha habido ninguna expropiación desde que se aprobó la ley ni la va a haber", ha añadido que el Gobierno castellano-manchego ha tomado la decisión de modificar la ley "a petición de las organizaciones agrarias" y para "poner fin a una mentira del PP fabricada con fines electoralistas y acabar con cualquier inquietud entre los agricultores".

La posibilidad de que el Ejecutivo regional se hiciese con la titularidad de las tierras infrautilizadas de la región fue uno de los temas que marcó la campaña electoral de los comicios autonómicos de mayo del pasado año. El líder de la oposición y aspirante a la Presidencia del Gobierno, el 'popular' Paco Núñez, aseguró entonces que en caso de llegar al Palacio de Fuensalida, algo que no consiguió, derogaría de forma inmediata de la Ley de Agricultura Familiar, de la que dijo "que abre la puerta a la expropiación de tierras en la región".

Sin embargo, el presidente de la Junta de Comunidades, el socialista Emiliano García-Page, aseguró vehementemente durante un acto electoral: "Si yo me atreviera un día a expropiar una tierra en esta región, dimito. Y lo digo en público, no me hacen falta notarios. Si no es así, tendrán que dimitir los calumniadores porque es demasiado gratis insultar y decir mentiras".

Meses después de aquella polémica, el Gobierno regional ha tomado la decisión de modificar la ley para que el cambio de titularidad de los terrenos agrícolas privados a manos públicas no sea cuestión de voluntad política, sino que directamente esté fuera de la legalidad. De esta forma, tal y como ha explicado Esther Padilla, en el caso de que el banco público de tierras incorpore parcelas agrícolas infrautilizadas solo tendrá derecho a su uso, pero nunca podrá hacerse con su propiedad.

Además, el procedimiento para la declaración de incumplimiento de la función social de la tierra "podrá suspenderse en cualquier momento". "No se plantea la expropiación a ningún propietario", sino "mantener la condición de las tierras agrícolas y facilitar el relevo profesional", ha finalizado.

Ley de Evaluación Ambiental

Pero esta no será única enmienda impulsada por el Gobierno regional a través del Grupo Parlamentario Socialista, ya que la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha cambiará para que a partir de ahora sean los ayuntamientos "los primeros en dar su visto bueno a la ubicación de un proyecto en su término municipal".

"Tendrán más autonomía para decidir qué tipo de proyectos quieren en su municipio, de forma que no se implantará ninguno que el ayuntamiento no considere adecuado", ha añadido Padilla, que ha recordado que esta ley es "una herramienta imprescindible para la protección del medio ambiente buscando contribuir al desarrollo sostenible en todos los proyectos que tienen lugar en nuestra región".