Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda reflejan que a 1 de enero de 2017 había en España 2.523.167 empleados a nomina de la Administración, entre personal funcionario y laborales, un 0,2 por ciento más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Un incremento mínimo pero que supone el primer avance en cinco años. Una tendencia que se mantendrá e intensificará en los próximos años tras la aprobación de una oferta de empleo público para cubrir 28.249 vacantes, 20451 de ingreso libre y 7.798 de promoción interna. Las comunidades autónomas suman el 52 por ciento de todos estos empleados.

Los datos de Hacienda reflejan que el peso del empleo público es mayor en las comunidades con menos desarrolladas económicamente. En Ceuta y Melilla, el número de funcionarios representan más de la mitad de los asalariados. En el ranking autonómico, Extremadura es la comunidad con mayor peso del empleo público sobre el total. Los trabajadores que residen en esta región y están a nomina del Estado, de la Junta o de la Administración local alcanzan los 88.886 efectivos, el 28,6 por ciento del total de asalariados. A continuación se sitúa Castilla y León (23,1%) y Castilla-La Mancha.

En nuestra Comunidad, el número de empleados públicos al 1 de enero de este año era de 118.021 y representaba el 22,4 por ciento del total de asalariados en esta tierra. En el lado opuesto destaca Cataluña, donde solo el 11 por ciento de los asalariados cobra directamente del sector público. Baleares y Madrid también registran cifras relativamente bajas, del 12,2 y 14,8 por ciento respectivamente. De media nacional. El 16,7 por ciento de los asalariados en España tiene una nómina vinculada a la Administración pública. En números absolutos, Andalucía es la Comunidad con más funcionarios, al ser el territorio más grande y poblado. De los 2,5 millones de funcionarios en España, 458.371 trabajan en Andalucía.

Volver a las 35 horas

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado que el Gobierno estudiará en 2018 implantar la jornada de 35 horas semanales en el sector público, aunq7ue anticipa que se hará por sectores para ver “donde se puede aplicar y dónde no”.

No obstante, el secretario de Estado dejó claro que no va a retirar el recurso contra la Junta de Andalucía que implantó la jornada de 35 horas.