El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha paralizado la ocupación efectiva de los terrenos afectados por la Mina ‘El Moto’, situada en el municipio de Abenójar, en Ciudad Real.

Este revés judicial se produce tras numerosas advertencias y denuncias previas en la vía administrativa de  asociaciones como Ecologistas en Acción, SEO y otros colectivos que han alertado en varias ocasiones sobre las gravísimas e invalidantes posibles irregularidades administrativas y ambientales que han rodeado a este proyecto desde su inicio.

Concretamente, Ecologistas en Acción-Ciudad Real presentó alegaciones al detectar deficiencias en el expediente ya que no se había presentado el estudio hídrico integral que exige la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Dicho estudio analiza las filtraciones y expulsión de agua de las galerías de la mina y planifica el tratamiento de los fluidos tóxicos. La carencia de dicho documento pone en riesgo la seguridad de la población puesto que metales pesados de alta toxicidad como son el arsénico o el mercurio podrían pasar al agua de los acuíferos y arroyos.

Denuncia de EA contra la Junta

Ecologistas en Acción ha denunciado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está ayudando a empresas mineras especulativas a que se apropien del territorio español, arrasando contra los derechos de seguridad, salud y medio ambiente de la ciudadanía.

La Asociación ecologista también ha denunciado la fiebre minera especulativa puesto que la existencia de wolframio en la mina de El Moto es tan sólo una especulación y recuerdan que entre los promotores del proyecto se encuentra Pedro Arángurez, ex director general de Industria y Minas de Castilla-La Mancha durante el gobierno de José Bono y con estrechos vínculos en la Junta de Comunidades y en la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Las asociaciones ecologistas mantienen que este tipo de proyectos no compensan el riesgo para la salud de la población y del medio ambiente, el desarrollo de la comarca minera siempre resulta mucho menor de lo que anuncian los gobiernos y los promotores, y sólo genera contaminación y desempleo puesto que tras quince años de explotación sólo quedará la balsa de lixiviados tóxicos y las galerías de la mina estarán contaminadas.

Para los colectivos que se oponen al proyecto, “esta resolución es una muy buena noticia y un importante logro, puesto que supone una primera victoria en ese asunto”, aunque reconocen que de momento es algo provisional y habrá que seguir trabajando hasta que se resuelva definitivamente.

Muchos ya tachan de “auténtica salvajada” lo ocurrido en este proyecto y advierten que “podría existir un delito de prevaricación clara, tanto administrativa como medioambiental”.