CSIF gana dos importantes sentencias sobre el despido de interinos en verano
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha logrado dos sentencias favorables a favor de dos docentes interinos en el reconocimiento económico de los meses de verano, según ha informado el sindicato en nota de prensa.
Ambas, tanto la emitida por el Juzgado de lo Contencioso/Administrativo nº 2 de Albacete, a 13 de noviembre de 2018, como la del Juzgado de lo Contencioso/Administrativo nº 1 de Cuenca, a 17 de septiembre de 2018, reconoce económica y administrativamente el tiempo de servicio como funcionario durante los meses de julio y agosto de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. El fallo subraya asimismo que el despido de interinos conlleva, además de la pérdida económica, “la disminución proporcional del número de días de vacaciones disfrutados, así como incidencia en la cotización a la Seguridad Social, siendo así que la desigualdad de trato no está justificada por razones objetivas”.
Además, también se contempla como punto importante que al cesar a los funcionarios docentes interinos en junio, “queda truncada la relación laboral cuando aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades que son propias de ese concreto puesto de trabajo para el que el interino fue nombrado, que no son sólo de carácter estrictamente lectivo, sino también otras que normalmente se llevan a cabo en el mes de julio del curso escolar, y que además contribuyen a la mejor formación del profesorado, produciendo consecuencias nada deseables para la preparación del profesorado y para la más eficaz prestación del servicio educativo”.
CSIF también ha logrado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el reconocimiento económico de los meses de verano para todos los interinos que obtienen una vacante durante el mes de septiembre y que llega hasta el final de curso. En este sentido, la Central Sindical ha presentado casi una treintena de reclamaciones y recursos de alzada en Castilla-La Mancha.
El sindicato lamenta, no obstante, que haya que llegar hasta los últimos escalones jurídicos para obtener, en suma, derechos de los docentes de Castilla-La Mancha y que la Consejería de Educación debería reconocer en lugar de litigar.
