El 70 % de los alumnos de los centros de formación profesional encuentran trabajo en menos de un año

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha destacado que, en virtud del Tercer Plan de Formación Profesional, 17 orientadores profesionales se han incorporado a centros de formación profesional de la región, que llegarán a 50 en 2022, último año del plan.

Este dato lo ha aportado la consejera durante su intervención en el pleno de las Cortes celebrado este jueves, en el que se ha aprobado por unanimidad la ley del Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, que está en vigor desde 2001 y que, a juicio de la consejera, necesitaba actualizarse porque "en 2018 han pasado muchas cosas" en esta materia.

"Una ley que permitirá que la formación profesional, a medio, largo y corto plazo siga dando buenas noticias para la región", ha defendido Franco, que ha resaltado que el actual Gobierno regional ha aprobado el tercer plan de formación profesional, al tiempo que ha denunciado que el anterior Ejecutivo no aprobó ninguno, a pesar de que el segundo plan estuvo vigente hasta 2011.

En este punto, ha resaltado que una de las medidas de este tercer plan es la incorporación de 17 orientadores profesionales a los centros de formación profesional de la región, con el objetivo de llegar a 50 en 2022, para posibilitar que "se integre la orientación educativa y la orientación profesional".

Franco ha reivindicado, asimismo, la gestión del actual Gobierno regional en esta materia y, por ejemplo, ha indicado que, desde 2015 se han destinado más de 230 millones de euros para políticas de formación para el empleo, de las que se han beneficiado más de 117.000 personas, que han calificado con una nota de 8,89 sobre 10 la formación que se ha impartido en los centros de formación y también por parte de los agentes sociales.

Asimismo, ha indicado que el 60 por ciento de los desempleados que han recibido esta formación han encontrado trabajo transcurridos seis meses de la formación, mientras que se alcanza el 70 por ciento transcurridos los doce meses.

En cuanto al contenido de la ley, Franco ha explicado que tiene como finalidad actualizar la normativa castellano-manchega a la vigente a nivel estatal y "quiere avanzar hacia un sistema integral de FP", así como promover estudios de detección de necesidades de formación y emitir informes, propuestas y recomendaciones en materia de formación profesional.

Aprobación por unanimidad

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, finalmente, ha dado luz verde por unanimidad al Proyecto de Ley por el cual se modifica la norma en virtud de la cual en 2001 dio origen al Consejo de Formación Profesional de la región, superando así una polémica que arrancaba el pasado 4 de febrero cuando el diputado de Podemos David Llorente se ausentó de la votación del dictamen en la pertinente comisión parlamentaria, permitiendo así que el Grupo Popular colara un total de nueve enmiendas parciales al texto.

Tras este trámite, el Grupo Socialista planteó un total de nueve votos particulares para su debate, uno por cada una de las enmiendas presentadas por los 'populares'. Finalmente, y en voz de su portavoz parlamentaria, Blanca Fernández, el PSOE ha anunciado que retiraba estos votos particulares.

Seguidamente a este anuncio, el propio David Llorente comprometía su voto favorable al Proyecto de Ley, zanjando así la polémica y enseñando el camino para dar luz verde a un texto que incorpora las nueve enmiendas 'populares'. Desde la tribuna, Llorente ha explicado que la formación morada va a permitir la aprobación de la ley porque "no supone ninguna contradicción" con su programa electoral, criterio que su grupo va a mantener "hasta el final de la legislatura". Dicho esto, ha advertido de que Podemos no va a firmar a nadie "un cheque en blanco" ni va a renunciar a presentar enmiendas cuando considere necesario ni va a aceptar "ningún chantaje ni cacicada parlamentaria". Tampoco --ha continuado-- va a regalar "innecesariamente" al PSOE "ningún pretexto" para bloquear la actividad legislativa en las Cortes.

De su lado, la diputada del PP Claudia Alonso se ha mostrado confiada en que dentro de 94 días las Cortes de Castilla-La Mancha volverán a "la normalidad política" y a solventar los problemas de los ciudadanos. "Esta es la primera ley que el PP trae a Castilla-La Mancha para mejorar las cuestiones que necesitan que sean mejoradas por parte de todos los castellano-manchegos", ha incidido Alonso. Ha criticado a PSOE y Podemos por escenificar "el teatro de lo ridículo" y les ha recordado es fuera de esta Cámara donde están los problemas de los ciudadanos, a quienes, ha dicho, no están dando "ningún tipo de respuesta".

El diputado socialista Miguel Ángel González, encargado de defender el dictamen del texto, ha destacado la necesidad de esta reforma porque la Formación Profesional necesita "el impulso" de todos los agente sociales y económicos de la región. "Ellos son los que conocen de primera mano el mundo laboral y es de sentido que nos marquen las necesidades formativas de los empleos del futuro que tendremos en Castilla-La Mancha", ha afirmado.