Sindicatos y despedidos preparan las "batallas judiciales" contra la empresa toledana Pablosky

Los despedidos, el comité de empresa y los sindicatos CCOO y UGT ya preparan el conflicto judicial contra la familia Martín-Caro, propietaria del grupo Pablosky, para reclamar la nulidad o improcedencia de los despidos y por presunta vulneración de derechos sindicales.

En un comunicado, CCOO y UGT han recordado que cuando a finales de 2023 se planteó el ERE en Pablosky por "causas económicas", para despedir a 48 personas, el 15 por ciento de los 315 integrantes de la plantilla en la fábrica Calzados Pablo SLU en Fuensalida (Toledo), ya advirtieron de que la única posible causa era el traslado a Marruecos de parte de los trabajos de cosido y aparado.

Los sindicatos también reclamaron en aquel momento a la empresa evitar los despidos "traumáticos" e incentivar las salidas de las personas de mayor edad, muchas de las cuales llevan hasta 50 años trabajando para la marca Pablosky.

El 4 de enero de este 2024 la negociación del ERE finalizó sin acuerdo de la parte social y este fin de semana se han ejecutado los despidos, en concreto 12 voluntarios y 34 forzosos.

Los sindicatos han criticado que la empresa no haya esperado al informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y haya ordenado a los afectados acudir a recibir y firmar sus cartas de despido sin ir acompañados de sus representantes sindicales.

UGT y CCOO consideran que varios despidos forzosos son nulos, ya que afectan a personas que la empresa tuvo que incorporar recientemente a la plantilla tras ser declaradas ‘falsos autónomos’ por la Inspección de Trabajo.

También pedirán la improcedencia del resto, por lo que les corresponderían indemnizaciones de 33 o de 45 días por año frente a los 20 días por año establecidos por los propietarios hermanos Martín-Caro sin acuerdo sindical.

Asimismo, el comité de empresa y los sindicatos barajan demandar a la empresa por las presiones, advertencias e intimidaciones "más o menos veladas" y más o menos virulentas" a la plantilla y, especialmente, a sus representantes sindicales y que, a su juicio, podrían constituir vulneraciones de derechos fundamentales.