Las energéticas creen que las nuevas cargas impositivas condicionarán el futuro de las inversiones del sector

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) constituye la herramienta de orientación estratégica nacional que integra la política de energía y clima a 2030. Su cumplimiento supondría un incremento del 3,2% del PIB en 2030, y un aumento de 560.000 empleos para el mismo año.

Para alcanzar los objetivos del Plan, se requiere de un proceso inversor perdurable en el tiempo que permita contar con las tecnologías, equipamientos y capital humano necesarios en toda la geografía española y en todos sus sectores económicos.

Por ello, resulta fundamental evitar la incertidumbre, promoviendo un entorno favorable basado en procedimientos normativos adecuados, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y fiscal para materializar los 308.000 millones de euros de inversiones estimadas, de las cuales, un 82 % deben provenir del sector privado.

Nos encontramos en un contexto de competencia internacional de atracción de inversiones, por lo que, como han destacado los informes Letta y Draghi, es fundamental fomentar la competitividad, y establecer un clima de confianza y atractivo internacional para dirigir estos flujos de capital hacia nuestro país.

La transición energética resulta clave para el desarrollo económico y la lucha contra el cambio climático. El compromiso de las empresas energéticas españolas en torno a esta transición y la sostenibilidad es absoluto, como demuestra el esfuerzo inversor que viene realizando el sector.

En este sentido, prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético dificultarán la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años, así como el desarrollo y viabilidad económica y financiera de los proyectos.