Álvaro Gutiérrez, presidente de la Diputación Provincial de Toledo, alcalde de Escalona y uno de los principales dirigentes del PSOE en Castilla-La Mancha, ha mandado un par de cartas a los ministros de Interior y Justicia pidiendo una solución al problema de la “okupación”. Un problema que sufren un buen puñado de pueblos de Toledo y de la región, ante el que los alcaldes alarmados por el malestar vecinal, han pedido auxilio, al no poder hacer prácticamente nada contra lo que hasta anteayer era considerado como un delito y hoy, merced a la irrupción parasitaria de la demagogia y el populismo en las formaciones de izquierda, se ha convertido en un derecho.

Se queja amargamente Álvaro Gutierrezde la imposibilidad de que las fuerzas del orden actúen ante el flagrante delito de allanamiento de una propiedad privada, simplemente como si no existiera, y pide a los ministros del ramo de Justicia e Interior que den las órdenes oportunas para que en estos casos, simplemente, intervengan como lo harían ante cualquier otro flagrante delito.

A uno le parece ejemplar la actitud y la iniciativa de don Álvaro, aunque sea simplemente para recordarnos que en la izquierda y en el PSOE aún queda gente no podemizada y que tiene claras algunas cosas, que sin embargo no parecen estar tan claras en algunas altas instancias de su propio partido y deberían ser explicadas de la forma contundente y radical como él lo ha hecho.

Álvaro Gutiérrezconsidera intocable el derecho a la propiedad privada, pero a uno le parece que hay sectores muy importantes en su propio partido que no lo tienen tan claro. Son esos sectores que no tienen ningún empacho en apoyar a una alcaldesa como Ada Colau, o en matizar y cogérsela con papel de fumar cuando ante uno de estos delitos de allanamiento, sacan a relucir el derecho a un vivienda digna, sacándolo del contexto en que nuestra Constitución lo coloca.

Sabe Álvaro Gutiérrez que sin propiedad privada, y sin un Estado que defienda por todos los medios sus propias leyes, no hay Estado que valga, porque lo que genera esa indefensión ante la injusticia de la usurpación de lo propio es el fenómeno que ya se ha producido en muchos pueblos de Toledo, de los vecinos sustituyendo al Estado en la aplicación de la ley. Un peligro que cualquier autoridad legítima responsable no puede contemplar sin alarma. Si al ciudadano le falla la protección del Estado de Derecho ante el delito es que falla todo.

Un socialista, en los tiempos podemizados que corren, lo tiene claro y uno no tiene otra que alegrarse por ello.