Uno está más que acostumbrado a que la aconfesionalidad del Estado, proclamada en la Constitución Española, no se cumpla fundamentalmente desde los ayuntamientos. Lo mismo da que sean de izquierda, derecha o mediopensionistas. Nadie renuncia a sacar tajada a una buena procesión o una misa de esas en las que los políticos tienen asegurado un banco de autoridades para vender imagen de tolerancia y moderación.

Es verdad que la redacción del artículo 16 de la Constitución da pie a múltiples interpretaciones, cuando en el apartado 3, después de proclamar de manera rotunda que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, abre la puerta a los amantes de las procesiones y el boato eclesial festivo al declarar que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Este párrafo que ha servido a la Iglesia Católica para invitar y promover las buenas relaciones con las instituciones políticas invitándoles a participar en sus celebraciones, y a una buena parte de los políticos que forman esas instituciones, a aprovechar la ocasión. Diga usted a un concejal de Sevilla que renuncie a salir en una procesión de Semana Santa y comprobará los pocos que están dispuestos a “mantener las consiguientes relaciones de cooperación” en un despacho y sin prensa y baño de masas por medio.

Uno está acostumbrado y no se escandaliza de ver a tanto comecuras con el cirio en la mano en una procesión o en el banco de autoridades de una misa solemne en cuanto la ocasión se presenta; uno considera el paseíllo del Gobierno regional y la Corporación municipal en la procesión del Corpus de Toledo como un aporte folclórico, cultural o histórico al espectáculo y ahí está el chaqué que lucen todos los concejales aquel día para estar a la altura de la calidad del atrezzo y la puesta en escena del espectáculo… Lo de asistir a misas desde lugar preeminente en ocasiones solemnes puede entrar en la misma categoría de respeto y buenas maneras entre instituciones, que al fin y al cabo tienen en común la vocación indudable de servicio y de pastoreo de masas.

Es verdad que hay también católicos, ciertamente minoritarios, que sienten que en ese intercambio de favores, la doctrina y la independencia cristiana quedan seriamente tocada, pero eso, ya se sabe, es cosa de grupos minoritarios que pintan muy poco a la hora de cursar la pertinente invitación a los políticos de turno.

Uno, después de cuarenta y cuatro años de incumplimiento de la Constitución, si no en la letra, sí en el espíritu, esa mezcla del trono y el altar tan de tiempos decimonónicos (no le vamos a echar la culpa Franco que no hizo otra cosa que seguir la tradición y guarecerse bajo palio) le parece la mayoría de las veces algo inevitable por admitirlo como natural la mayoría de la gente que no pisa una iglesia en su vida, pero acaba, sea por lo que sea, entrando con los pies por delante el día de su funeral.

Claro, que del cumplimiento social y las buenas relaciones entre instituciones, a que una corporación, como la muy laica y progresista que preside doña Milagros Tolón, ponga cada año en marcha por estas fechas el negociado municipal de Teología del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad Imperial para proclamar solemnemente que defenderá el dogma de la Inmaculada Concepción, como lo viene haciendo desde 1617, le parece a uno una pasada de difícil explicación.