Si miramos hacia atrás lo que se pedía en España, no hace muchos años, era aprender a negociar, pactar con el adversario. Pactar se fundamenta en las concesiones que sean capaces de hacer las partes implicadas. Dos no pactan, sí uno no quiere. Y se proponía como ejemplo a la propia sociedad Española de la denominada Transición. Años después esa capacidad parece haberse diluido y lo que se percibe es una incapacidad casi estructural para conseguir acuerdos entre los actores políticos mayoritarios. En estos años se habría llegado a la máxima expresión con la imposibilidad de nombrar sustitutos de los consejeros salientes del Consejo General del Poder Judicial, órgano máximo de organización de los Jueces. Desde que se terminó su mandato por ley han transcurrido más de cinco años sin que haya sido posible el acuerdo entre PSOE y PP.  El gobierno, porque quiere aplicar lo regulado en una ley aprobada en tiempos del Sr. Rajoy. La oposición, porque exigen un nuevo modelo de designación de los jueces y magistrados que corresponde nombrar a la Cámaras como órgano de representación democrática.

Según lo previsto en la ley del Sr. Rajoy, los partidos mayoritarios deberían pactar los candidatos propuestos por ambas formaciones. No los nombraría el gobierno de forma unilateral. Sin embargo, el resultado hasta el momento ha sido imposible y parece que tampoco lo será en el futuro. No renuncia a lo que considera de su propiedad. La última excusa que ha empleado el PP para llegar a un pacto ha sido la de recurrir a la intermediación de la Unión Europea. Sin embargo, por lo anunciado por el Sr. Feijóo, también fracasará a no ser que el gobierno acepte el modelo maximalista del PP. El PP impone de manera taxativa un modelo que consiste en que los jueces se nombren entre ellos, dejando al margen al Parlamento de la Nación. A este procedimiento, en lugar de llamarlo imposición de un funcionamiento corporativo, lo denominan Independencia del Poder Judicial. Una confusión terminológica y conceptual grosera, pero fácil de vender.

He escrito que el gobierno propone renovar las partes de los consejeros que corresponden al Parlamento, mediante una ley que se aprobó en el año 2012 por iniciativa del Sr. Rajoy, presidente del Gobierno. ¿Qué ha cambiado? Las mayorías parlamentarias. Es decir, ya no sería el PP quién tendría la iniciativa de proponer a los candidatos a consejeros del poder judicial, sino que correspondería al gobierno actual. La argumentación que emplea el PP para su oposición a la renovación es que, siendo el gobierno actual quien propone los candidatos, aunque pactados en el Parlamento, el Sr. Sánchez lo que quiere es invadir la independencia del poder judicial. Un argumento absurdamente falso, pero que, por su complejidad para ser entendido por la mayoría de los ciudadanos, funciona como consigna que sirve para dividir a la opinión pública y a la opinión publicada, o sea, los medios de comunicación. Y es que sí la propuesta que hiciera el actual gobierno fuera una invasión en el poder judicial, también lo fue cuando con una ley del propio PP se eligieron los actuales consejeros. ¿Quién invadió entonces la independencia del poder judicial? La diferencia sería que quien invadía el ámbito de los jueces era el PP y ahora, con otro gobierno, ya no serían ellos. La falacia, por tratar de un asunto complejo, funciona por su simplicidad, pues nadie en la sociedad es capaz de reprochar al PP su oposición a la renovación de los jueces que corresponden al Parlamento. Mientras tanto la judicatura en su funcionamiento ordinario está sometida a tensiones que impiden su normal actuación. Esta es la historia real del asunto y lo que se cuenta mera propaganda política.