Desde la Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones (FENCIS), la organización que une a las plataformas que luchan contra ese impuesto en Andalucía, Aragón y Asturias, lanzamos un llamamiento a los ciudadanos y a la sociedad civil de Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia y otras autonomías que ya habían conseguido rebajas sustanciales en el impuesto de Sucesiones, para que se organicen, creen asociaciones y se unan a nosotros para hacer frente juntos, con mas fuerza y eficacia, al injusto y antidemocrático proyecto del gobierno socialista de Pedro Sánchez, que quiere imponer el cobro de impuestos a las herencias en todas las autonomías del territorio español.

Los ciudadanos de esos territorios, gracias a su resistencia, habían logrado que sus respectivos gobiernos redujeran sustancialmente el impuesto de Sucesiones y Donaciones, logrando así una valiosa victoria popular frente a los que, como los socialistas, cobran impuestos abusivos e injustos, expoliando a los herederos y haciéndoles pagar por bienes que ya pagaron sus correspondientes impuestos en el pasado, practicando una doble imposición que ha sido condenada como abusiva e injusta por numerosos tribunales del mundo.

Nuestras plataformas de Andalucía, Aragón y Asturias, unidos en FENCIS, nacieron no sólo para luchar contra el impuesto, sino también para prestar apoyo moral y jurídico a los afectados y sus familiares, para concienciar a la ciudadanía del abuso cruel e inhumano que representa ese tributo, que destroza familias y empresas y se burla de la voluntad de los muertos. La lucha se ha plasmado concienciando a los ciudadanos, manteniendo una presencia activa en las redes sociales y efectuando una presión constante, como colectivo, ante los organismos de la administración, emprendiendo para ello acciones y campañas como recogidas de firmas, manifestaciones, concentraciones, charlas y declaraciones ante los medios.

El impuesto de sucesiones es un abuso canalla del poder, un expolio en toda regla contra el que no cabe otra defensa que la movilización ciudadana. Es un tributo impopular, injusto y denostado por la población, que apenas representa el 0,2% del P.I.B, pero que es mantenido demagógicamente por una clase política que exhibe una arrogancia insoportable en democracia. Hasta ahora, heredar en Madrid, Extremadura, Murcia, Baleares, territorios forales… cuesta cien veces menos que hacerlo en otras comunidades. Morir en las islas Canarias puede significar pagar mil veces menos por la herencia que si se fallece en Oviedo o Zaragoza. Es una diferencia que dinamita el concepto de igualdad entre los españoles garantizado por la Constitución.

Pero el gobierno de Sánchez, cuya ministra de Hacienda llega de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, el territorio más hostigado por impuestos de toda España, sin que el expolio de los andaluces haya impedido allí el atraso, el desempleo, el avance de la pobreza y unos servicios deteriorados e impropios de una sociedad europea, pretende eliminar las exenciones y rebajas conquistadas en las distintas autonomías e imponer lo que llaman una "armonización al alza" del ya bautizado por los ciudadanos como el "Impuesto de los Muertos", cuya historia está cargada de oprobio, de empresas familiares cerradas, puestos de trabajo perdidos, familias arruinadas, víctimas desquiciadas y una larga estela de dolor, desesperación y hasta de suicidios por culpa de unos políticos incapaces de renunciar a privilegios propios y siempre ávidos de meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos.

Además, existe un agravio comparativo con el resto de países europeos, de los que está siendo progresivamente eliminado, sin que exista ya en más de la mitad de los países de la Unión Europea y en aquellos que aún lo mantienen cumple una función más regularizadora que impositiva. Únicamente Francia, Bélgica y España lo aplican a sus tipos máximos, si bien en el caso francés, al igual que en el esloveno y búlgaro, existe exención total para familiares directos. El gobierno galo, además, anunció la próxima supresión completa del impuesto por atentar contra el ahorro y ser un lastre para la economía del país. Portugal, nuestro vecino, también lo ha eliminado porque sus gobernantes fueron sensibles a la indignación de unos ciudadanos que no estaban dispuestos a que los políticos les arrebataran las herencias de sus mayores.

Por el clamor de las víctimas y por todas las injusticias que este terrible impuesto encierra, pedimos a los ciudadanos de las autonomías españolas que pronto serán expoliadas que se organicen, que creen plataformas de lucha y que se integren en FENCIS para, juntos, luchar con más ardor y eficacia por una España libre de la rapiña de las herencias, contra el abuso de poder, la injusticia y la codicia corrupta de los gobernantes.

Juan Carlos Valverde
Francisco Langa
Álvaro López Castro