Recientemente se ha hecho público la discriminación que sufría una opositora al ingreso en la Guardia Civil al ser excluida de la oposición alegando la Administración que tenía tatuajes pero en cambio la realidad era que en sus compañeros varones en idéntica situación, ese cuestión no era motivo de exclusión.

Parece que a la Administración le ha faltado tiempo para reconocer dicha discriminación y anunciar que dicho asunto no será motivo de exclusión para la oposición correspondiente.

Hasta aquí todo políticamente muy correcto y muy mediático: una discriminación a una mujer, en un contexto de una Institución un poco “anticuada” y en un tema que hoy en día, los tatuajes, están muy de moda. Repito todo correcto.

Lo siguiente ya no es tan políticamente correcto y con poco tirón mediático: es el caso de los contratados a tiempo parcial en la Administración General del Estado, los cuáles aprueban una oposición como si fuera para una contratación a tiempo completo en la misma A.G.E.

El Estatuto de los Trabajadores, norma básica para regular las relaciones laborales, nos reconoce a estos contratados laborales parciales de la A.G.E. una prioridad (discriminación positiva) para ocupar las plazas a tiempo completo que surjan en los correspondientes Departamentos y que sean de necesaria cobertura. En cambio, y esto es lo grave, el vigente III Convenio Único de referencia nos niega esa posibilidad y nos relega de esa prioridad que establece de forma clara el E.T.

Los agentes implicados del Convenio, Administración y Sindicatos firmantes, hacen oídos sordos de esa legalidad que nos favorece y perpetúan esa injusticia desde 2009.

Conclusión: no somos un caso mediático al uso, están implicados en este feo asunto junto a la Administración los Sindicatos en la no observancia de la legalidad y por tanto no somos un asunto políticamente correcto.

Yo también quiero ser igual para los medios y sobre todo después de años denunciándolo ante distintas instancias y no morirme de una crisis de desigualdad.