He estado esperando unos días antes de escribir estas líneas, intentando encontrar a alguien que me sacara de dudas respecto a la ocupación del espacio público en pueblos y ciudades.

Es posible que al ser profano en la materia sea yo el equivocado. Pero el sentido común me dicta que jueces, fiscales, juristas de prestigio, catedráticos de Derecho y representantes políticos de todo el arco parlamentario, cometen un grave error al afirmar con rotundidad que “tan lícito es poner los lazos amarillos como quitarlos. El espacio público es de todos y se puede utilizar ejerciendo el derecho a la libertad de expresión y de opinión”.

Que el espacio público sea de todos no implica que se pueda hacer en él todo lo que les venga en gana a los ciudadanos, copropietarios del mismo.

Normalmente, cuando un colectivo o particular desea utilizar cualquier plaza, calle o avenida, incluidos los elementos fijos que existen en ellas (bancos, farolas, papeleras, barandillas, etc.) lo primero que se les exige es un permiso municipal.

Supongamos que, como en Cataluña, los consistorios miren para otro lado y lo toleren: cualquiera que desee expresar sus sentimientos políticos, religiosos o de otra índole, a partir de ahora podrá “decorar” a su gusto todos los espacios públicos.

Si esta barbaridad llegase a consolidarse, las normas de convivencia y ordenanzas municipales, sobre la utilización de esos espacios públicos no servirían para nada. Se convertirían en papel mojado.

Pero hay más. En las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas, nos podríamos encontrar con una auténtica guerra de símbolos y proclamas que dejarían esos espacios públicos al arbitrio de incontrolados que incluso, como está sucediendo, se permita con la excusa de que están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, injuriar y amenazar al Estado.

Sinceramente, creo que nos encontramos ante un hecho de extrema gravedad. Se debe rectificar y advertir de las consecuencias de este incívico comportamiento.

De lo contrario nos podemos encontrar en unos meses (en Cataluña, ya) con un país donde impere la ley de la selva. Con el mundo al revés.