Pocas veces ha existido tanta unanimidad entre los grandes sindicatos representativos de la Función Pública de Castilla-La Mancha como la que se ha producido esta semana en torno a la enmienda E-095/PL-00005/15 del PSOE y Podemos al proyecto de Ley de Organización de la Administración. Tampoco ha habido nunca tanto acuerdo a la hora de calificar una propuesta de este tipo y de tildarla con los adjetivos más duros para obligar a sus promotores a dar marcha atrás. STAS CLM fue el primer sindicato en reaccionar, nada más conocerse las enmiendas con las que PSOE y Podemos han estrenado su nuevo idilio de gobierno bipartito, publicando un hilarante meme del sueldo "para toda la vida" de Nescafé en el que aparece José García Molina con una taza gigante y un rótulo por encima del producto: el Nespage, nombre con el que ya se conoce la iniciativa de ambos partidos.

A las críticas se han sumado paulatinamente CSIF, UGT y finalmente CCOO, que no por ser el último ha sido menos duro. Este sindicato ha utilizado las expresiones más fuertes al considerar inadmisible el contenido de esta enmienda: "Va en contra del modelo que defendemos de función pública; va en contra de los principios de igualdad, mérito y capacidad; y genera un gravoso colectivo de “ex altos cargos” que conllevan un peso y un coste inasumible para la administración regional". CCOO no solo ha criticado el contenido de la enmienda sino también la forma en la que se está tramitando al considerar "ilegítima la vía mediante la cual PSOE y Podemos quieren reformar la Ley de Empleo Público de CLM enmascarando esta reforma mediante una enmienda al proyecto de Ley de Organización de la Administración, eludiendo así los requisitos legales; sin informar a las organizaciones sindicales representativas y también sin acuerdo (ni consulta ni información) del máximo órgano de negociación colectiva en la Junta de Comunidades -la Mesa General de los Empleados Públicos-, a la que ni siquiera se ha convocado".

Todos los sindicatos han exigido la retirada inmediata de la enmienda y han anunciado acciones y medidas en contra en caso de que no lo hagan. La contestación en la función pública es tan fuerte y ha quedado tan evidencia que quieren "colar" una modificación del proyecto de ley que privilegie a la clase política, de la que se beneficiaría directamente el principal promotor de la medida, José García Molina, que no tendrán más remedio que retirarla. Eso implicará un importante coste político, pero no será nada comparado con lo que puede ocurrir en caso de que se empeñen en no rectificar.