Ayer echó a andar el pacto de gobierno en Castilla-La Mancha que por primera vez en la historia reciente de nuestro país incluye en un mismo ejecutivo a PSOE y Podemos, una experiencia que va a ser mirada con lupa tanto dentro como fuera de la región en estos dos años que tienen por delante para dar respuesta a algunos de los grandes retos que tiene planteados nuestra Comunidad autónoma. El pacto, a pesar de las muchas aristas y el número de interrogantes que plantea, necesita un margen de confianza por parte de la sociedad castellano-manchega y un prudencial tiempo de espera para juzgar sus resultados.

No es muy halagüeño que el arranque del pacto haya empezado enfadando de forma notable a los sindicatos por querer privilegiar a la clase política, precisamente aquellos que han hecho bandera de su lucha contra los privilegios. Es cierto que el acuerdo de Page-Podemos, impuesto a todas luces desde las respectivas direcciones nacionales de ambos partidos y con el escandaloso precedente de la ruptura de acuerdos que llevaron a rechazar de forma sorpresiva los anteriores presupuestos, suscita pocas simpatías entre amplios sectores de la ciudadanía de la región, pero es lo que tenemos. Frente a la poca operatividad y eficacia del gobierno estos dos últimos años, derivada entre otras cosas de la falta de entendimiento entre los dos partidos que suscribieron el pacto de investidura de Page, nos encontramos ahora con un gobierno bipartito que ha llegado a esta fórmula para garantizar precisamente la unidad de acción y el acuerdo. Esperemos que sea así y que avancen por el bien de Castilla-La Mancha, para lo que es imprescindible que confíen primero entre ellos mismos.