Los perdedores han pedido que se repitiera la votación, alegando que habían votado parlamentarios que no pertenecían a la comisión, pero su petición ha sido rechazada por un margen más amplio: 17 en contra y 12 a favor. Cilevics, ponente del informe, ha retirado finalmente el resto de la declaración, al considerar que no tenía sentido mantenerla sin la alusión a España. Al haber transcurrido un año desde la aprobación de la resolución inicial ya no es posible presentar una nueva propuesta, por lo que el caso se cierra, según fuentes parlamentarias. El informe de seguimiento no se ha sometido a votación, ya que solo compromete al diputado letón.
El párrafo suprimido se felicitaba de los indultos concedidos a los presos independentistas, sin obligarles a renunciar a sus convicciones, pero expresaba su preocupación por el hecho de que dichos indultos hayan sido impugnados ante el Supremo y lamentaba que sigan pendientes “numerosas causas penales contra otros funcionarios o exfuncionarios catalanes relacionadas con los hechos que rodearon el referéndum inconstitucional de 2017, así como las órdenes de detención contra varios políticos residentes en el extranjero”. Todo ello, agregaba, demostraría la necesidad de reconsiderar la tipificación de los delitos de sedición y rebelión para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Europa.
Los diputados han declarado a Efe a la salida de la Comisión su alegría por el fin de un informe “cuyos soportes han sido Òmnium Cultural y el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó”. Los representantes socialistas Marc Lamuà y el castellano-manchego Sergio Gutiérrez coincidieron en la importancia del trabajo complementario para el resultado final.
Gutiérrez, diputado nacional y número dos del PSOE-CLM, ha recordado que hay 11.388 políticos electos en Cataluña, ”muchos de ellos independentistas, y sólo siete han sido condenados, no por libertad de expresión, sino por sedición y por la organización de un referéndum ilegal”. Por su parte, Lamuà ha argumentado que “hay un partido independentista que sostiene al Gobierno [en alusión a ERC], una mesa de diálogo [entre los dos Ejecutivos] y un gran pacto sobre el uso vehicular de las lenguas castellana y catalana”. Ha rechazado así la idea contenida en el informe de que las condenas judiciales a los políticos catalanes se dictaron “por las declaraciones formuladas en el ejercicio de sus mandatos políticos a favor del referéndum anticonstitucional”.
