Una decisión histórica para Castilla-La Mancha que abre una nueva era sin precedentes

Siempre se puede aspirar a más, pero la decisión de este martes del Consejo de Ministros de aprobar el Plan de Cuenca del Tajo y fijar, por primera vez en la historia, un caudal ecológico para el río más largo y caudaloso de España, no sólo es un acuerdo clave en la nueva política hidráulica nacional sino también un hecho sin precedentes que abre puertas siempre cerradas en Castilla-La Mancha. La decisión aprobada por el Gobierno es histórica y fundamental para el Tajo y supone atender a la eterna demanda de la sociedad castellano-manchega de contar con un caudal que permita recuperar progresivamente el río y recortar el trasvase de agua al Segura, buscando otras soluciones para el Levante que ya son posibles y que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene previstas, entre ellas las desaladoras.

El nuevo plan de cuenca del Tajo, que implica el recorte del trasvase Tajo-Segura y el establecimiento de un caudal ecológico para el río, cumple con cinco sentencias del Tribunal Supremo y tiene el apoyo del Consejo Nacional del Agua y del Consejo de Estado, además, por supuesto, del Gobierno de Castilla-La Mancha, la Mesa Regional del Agua, los municipios ribereños y los ayuntamientos de Toledo y Talavera, que venían reivindicando esta solución, aunque sea de una “forma diferida” en un periodo de cinco años. 

En síntesis, y tal como explicó este martes la ministra Teresa Ribera, se aplicará este caudal ecológico para el Tajo de una forma gradual y sin que suponga ningún riesgo para las cuencas que se han beneficiado del trasvase Tajo-Segura. Una decisión que, de forma concreta, supone empezar a fijar ese caudal con siete hectómetros cúbicos en 2023, llegando a ocho en los años siguientes y finalizando en el año 2027 con 8,6 hectómetros cúbicos. Esta decisión, que fue valorada este martes con un “hemos ganado” en el entorno del Gobierno de Emiliano García-Page, se complementa con lo que la ministra calificó como un “compromiso del Gobierno con el Levante”, es decir, apostar por el agua desalada, los acuíferos y el reciclaje con una política equilibrada de precios. El recorte del trasvase, tan temido y criticado desde la Comunidad Valenciana, Murcia y parte de Andalucía, supondrá una merma de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos en los próximos cinco años. Se prevé una compensación con 140 hectómetros de desalación.

El Ejecutivo central mantiene un mesurado equilibrio entre los territorios afectados, pero establece un caudal para el Tajo que no tiene precedentes y que la propia ministra se encargó de destacar como un hecho “histórico”. “Nunca antes se había hecho”, afirmó Teresa Ribera, quien anunció, además, más inversiones en agua reutilizada y desalada para ahorrar 140 hectómetros cúbicos, con un total de 547 millones de euros de inversión y desalación y energía fotovoltaica. Es evidente que la decisión no gusta nada a los afectados levantinos, que este martes se manifestaron frente al Palacio de la Moncloa, en protesta por este acuerdo del Consejo de Ministros, pero la sensación de alegría y victoria en Castilla-La Mancha ahora es grande. En la tarde de este martes, y con carácter de urgencias, el presidente Page y las alcaldesas de Toledo y Talavera, Milagros Tolón y Tita García, comparecieron juntos en el Palacio de Fuensalida para mostrar su alegría y celebrar lo que calificaron como "el fin de la humillación histórica al Tajo". Que así sea.