Tal y como ocurre con frecuencia, casi todos los días, escucho desde mi casa las esquilas de las ovejas y cabras, que se dirigen, custodiadas por el pastor y los canes, hacia el campo a pastar. De igual modo las campanas de la iglesia tocan a misa o a muerto cuando corresponde, abren las tiendas y los bares de mi pueblo, acuden a su trabajo campesinos y ganaderos, y cuando anochece llega el silencio, acompañado de frío y niebla estos días.

No han aparecido en lontananza comités bolivarianos, ni ha subido el precio del pan, ni del resto de productos alimenticios, salvo los anuales incrementos que a primeros de año suelen acordar los 'Ibex 35 boys'.

Nada en el ambiente hace presagiar que se ha producido un cataclismo político nacional de dimensiones apocalípticas, tal y como han anunciado los portavoces de las derechas, con unos mensajes que nos anuncian grandes males. Supongo que cómo en mi pueblo ocurre en el resto de los municipios de la España rural o vaciada, aunque no es descartable que en la capital de la región haya ocurrido algo más, tras la carta del presidente de la Junta a los Reyes Magos, aquello de la vaselina si se producía un pacto con los republicanos catalanes. Por si fuera poco, Magdalena Valerio, hasta ahora ministra de Trabajo, es posible que vuelva a militar en Guadalajara y se convierta en una turbulencia para la descansada vida del Palacio de Fuensalida. Para colmo de males sigue sin llover en nuestra tierra, con la falta que hace para el campo.

Pero dejemos para otro día la actividad del gobierno regional, en estos días de caza de perdices, conejos y monterías, y muy propicios para ir perfilando ese gran canal de tv dedicado a las excelencias de la actividad cinegética, y a la exaltación de los valores patrios que al parecer representa. Pasamos a hablar de otras cacerías, y que son las que anuncian PP-Vox y Ciudadanos, también conocidos como “el trio de Colón”. En estos tiempos, en vez de escopetas, las armas a utilizar son las querellas criminales, además de los recursos contencioso-administrativos ante los tribunales, para minar la credibilidad del gobierno e intentar derribarlo. La estrategia de la criminalización del enemigo político ha dado sus resultados en Latinoamérica, con golpes de Estado legales, de acuerdo con la nueva doctrina de la Escuela de las Américas, que a su vez recibe instrucciones de la Administración del presidente Trump. Esperemos que en nuestro país no prosperen estas argucias, que requieren en primer lugar de jueces y fiscales venales, dispuestos a implicarse en manejos rastreros y a violentar las leyes.

La primera cacería tras producirse la toma de posesión del gobierno, -con la majadería incluida en la promesa del cargo, de la utilización del “femenino” al parecer incluyente, por parte de dos ministras-, está dirigida contra Dolores Delgado, ya ex ministra de Justicia y candidata a Fiscal General del Estado. El señor Casado se ha metido en un jardín del que es posible que salga magullado y arañado, y lo digo por la argumentación utilizada para deslegitimar el nombramiento, si bien es cierto que no es muy estético el ocupar un cargo que tiene que dar apariencia de imparcialidad tras haberse sentado en el Consejo de Ministros hasta hace unos días. También es cierto que la propuesta de Dolores Delgado tiene pocos flecos por donde atacar; se trata de una fiscal que ha realizado un trabajo brillante en la Audiencia Nacional, siempre en la lucha antiterrorista, lo que, además, implicaba riesgos reales, al estar su nombre en el listado de los comandos dedicados a asesinar a jueces y fiscales, algo que consiguieron en varios casos conocidos. Cumple todos los requisitos legales y, además, se ha distinguido siempre en la defensa de los derechos y las libertades. Podría Pedro Sánchez haber hecho como un antecesor socialista en la Moncloa, Felipe González, que optó en ocasiones por nombres alejados de la carrera fiscal, como fueron Leopoldo Torres o Eligio Hernández, cuyo nombramiento sería declarado ilegal por el Tribunal Supremo, algo que parece que sueñan repetir los abogados de Génova 13.

Y decía lo del jardín de Pablo Casado, pues si de algo no pueden dar lecciones los populares es de haber respetado la independencia de la Fiscalía. La memoria es frágil, y, por ello conviene recordar algunos hechos objetivos relativos a los nombramientos de fiscales realizados por los gobiernos del PP, y más en concreto los de fiscales generales. El primer Fiscal General nombrado por el gobierno de José María Aznar fue Juan Ortiz Úrculo, que duró solo unos meses, tras tener que lidiar con los llamados “fiscales indomables” de la Audiencia Nacional, muy jaleados por los portavoces del PP, y que no querían procesar a Mario Conde, incluso con ocultación de pruebas. Sus nombres: Eduardo Fungairiño, Dolores Márquez de Prado, Ignacio Gordillo y Pedro Rubira. Tras el breve mandato de Ortiz Úrculo vino Jesús Cardenal, un tipo de la más rancia extrema derecha clerical, destacado miembro del Opus Dei, con actuaciones a las órdenes del gobierno, como fue el oponerse a la extradición del dictador Augusto Pinochet, que se encontraba detenido en Londres por orden de la Audiencia Nacional.

A la vuelta del PP al gobierno en 2011, ya con Mariano Rajoy, se produjo el nombramiento de Eduardo Torres-Dulce, un fiscal muy conocido como crítico cinematográfico y que aparecía en las tertulias del programa Que grande es el cine. Una persona moderada y ecuánime, que pronto se vio sometido a presiones de todo tipo, y que no se plegó a las directrices de los ministros Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá; sentó muy mal en el PP que pidiese el ingreso en prisión de Luis Bárcenas, tampoco gustaron sus dudas jurídicas en el caso de la querella contra Artur Mas. Tras un cúmulo de despropósitos, como lo fueron nombramientos de fiscales a sus espaldas, presentó su dimisión. Le sucedió en el cargo Consuelo Madrigal, que apenas estuvo un año, sin pena ni gloria.

Otro fiscal nombrado por el gobierno de Mariano Rajoy fue José Manuel Maza, éste de la carrera judicial y magistrado del Tribunal Supremo, a quien conocí y traté desde finales de los años ochenta; era una persona afable e independiente, por lo que sentí mucho el cúmulo de errores que le llevaron a ser reprobado por el Congreso de los Diputados, junto al ministro de Justicia, Rafael Catalá y al fiscal Manuel Moix, por obstaculizar la investigación del caso LEZO. La repentina muerte de Maza en Buenos Aires debería de haber servido para una reflexión acerca de la figura del Fiscal General y el respeto que se debería tener a su actuación, y aquí me refiero a los dos partidos que han protagonizado las últimas décadas de democracia parlamentaria.

Mal va el PP por la vía de la deslegitimación del adversario político, y no hay que hacerse ilusiones de moderación, pues Aznar y la FAES vuelven con virulencia a tener voz en la derecha española. También hay que recordar que Aznar debe su salto cualitativo a la política, en los lejanos años ochenta, a una querella falsa, que acabó con la carrera política del entonces presidente socialista de Castilla y León, Demetrio Madrid, un socialista de los de los tiempos heroicos, con una ética hoy día desconocida.

El nuevo gobierno, tras su pacto legítimo con diversas fuerzas políticas, tiene en su agenda resolver el conflicto de Cataluña, difícil reto, pues hay demasiados errores cometidos por los sucesivos gobiernos de la democracia, desde 1977 hasta el día de hoy, en la relación con los nacionalistas, con concesiones y transferencias realizadas de manera frívola y sin contar con nadie, como fue el caso de la Educación, algo a lo que no puede renunciar un país que se respete a sí mismo; por lo que no puedo estar más de acuerdo con buena parte del reflexivo y ponderado artículo de nuestro director, Eusebio Cedena, titulado Una democracia culpable. Y ya que cito a la Educación, otro error no menos grave fue en su día, este cometido por un ministro frívolo de Felipe González, la invención de los conciertos educativos, hasta entonces algo muy minoritario, y que ha supuesto la entrega, que era provisional, de un porcentaje de casi un 35 por ciento de las plazas educativas a centros privados, con más del 60 por ciento de estos en manos de la Iglesia católica, donde proliferan sectas como el Opus Dei o Legionarios de Cristo; con lo que somos el país europeo a la cabeza de la enseñanza concertada, es decir pagada con nuestros impuestos, y que constituye además una de las puntas de lanza de las exigencias de la derecha en esta materia, con la celebre apelación a la libertad de elección de centro.

En materia de Laicidad, como en Memoria Democrática no hay que hacerse ilusiones, pues la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por su origen familiar y por su trayectoria política, no parece que sea el perfil más adecuado, si es que se quiere avanzar algo, más allá de unas enmiendas a la Ley de la Memoria y algún que otro amago para revisar el vigente “Concordato”. Ojalá me equivoque, en esto en lo anterior. Vale.