Para quienes somos partidarios de que las llamadas altas instituciones del Estado, -en particular las que tienen que velar por el cumplimiento de las leyes-, funcionen y cumplan su papel, la renovación reciente de las vacantes del Tribunal Constitucional ha sido una buena noticia. El que este columnista sea partidario de la República no quiere decir que por ello quiera el caos, o la deslegitimación de los poderes. Desde el cumplimiento de las leyes se puede aspirar, y ello es legítimo, a modificarlas y superar el modelo de 1978, es decir, una Constitución que ya hace años que necesita una reforma en profundidad. Nada es eterno, y mucho menos las viejas tradiciones, como por ejemplo las que han mantenido a las mujeres sacrificadas, al frente de los hogares y el cuidado de los hijos y los mayores, o las que se empeña en mantener la Iglesia católica, con la colaboración del Estado, por muy populares que sean.

Una de las reformas que es posible que se quieran realizar, en la próxima legislatura, es la relativa al Consejo General del Poder Judicial, una institución que se crea ex Novo por la comisión que redactó la Constitución de 1978. Hasta entonces era el ministerio de Justicia el que se ocupaba de todo lo relativo a oposiciones, ascensos y destinos de jueces y magistrados, también de la carrera fiscal. Se estudió, según nos dicen, otros modelos de nuestro entorno, como el italiano, donde existe el Consiglio superiore de la magistratura, y una parte de sus integrantes la eligen más o menos directamente los jueces y otra parte el poder legislativo, si bien la presidencia la ejerce el presidente de la República. En Alemania no existe esta entidad, y no por ello los jueces son menos independientes, ni la Comisión Europea o cualquier otra instancia señala como poco democrático el sistema, es decir son los ministros de justicia, bien el federal o de los 16 estados federados, quienes ejercen las funciones que aquí desempeña el CGPJ. En el país más democrático del mundo, según nuestras derechas, léase EEUU, el nombramiento de la Corte suprema corresponde al presidente. Seguro que los lectores recuerdan los últimos nombramientos que hizo Donald Trump, con lo que a pesar de existir un ejecutivo progresista, también el Senado lo es, resulta que tienen una Corte Suprema de extrema derecha, que decide no solamente en recursos como última instancia, sino también sobre la constitucionalidad de las leyes, sean de ámbito Federal o de los Estados.

Por hacer un poco de pedagogía, para los lectores menos conocedores de los entresijos de este conflicto político que tenemos, con un CGPJ caducado hace cuatro años, diremos que sus miembros son nombrados por Congreso y Senado, doce entre jueces y ocho entre juristas de reconocido prestigio. Ese es el mandato que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, con aquello que se conoció como enmienda Bandrés, pues fue aquel diputado, por entonces de Euskadiko Ezquerra, quien hizo esa aportación, ya que existía la preocupación, fundada en la experiencia del primer mandato del CGPJ, de que la mayoría de los jueces propuestos por los propios jueces fuesen del mismo sesgo, es decir de derechas y afines al Opus Dei. Hizo Bandrés una interpretación de la Constitución que no se les había ocurrido a los diputados del PSOE, y que fue que la elección debía de corresponder al Parlamento, -como máximo depositario de la soberanía popular-, quien eligiese en última instancia a esos vocales del órgano de gobierno de los jueces. Y así fue como quedó, a cargo del poder legislativo, la competencia sobre estos importantes nombramientos. De otra parte, lo cierto es que la única legitimidad que tienen los jueces en España es la de ser hijos de familia con posibles, y aprobar una oposición al Estado. Se podría optar por otra legitimación, y que es la de que se sometieran a un proceso electoral popular, tal y como hacen en EE. UU. los jueces y fiscales, salvo los citados de la Corte Suprema, y también sería democrático el sistema. En esto, como en otras cosas, nuestras derechas no copian de su modelo político, tampoco la derecha económica, que habla del libre mercado, pero eso para pagar salarios bajos, pero no para concurrir libremente a la competencia, donde es partidaria de los conciertos y contratos con el Estado, CCAA y ayuntamientos, bien sea en la sanidad, en la construcción o en cualquier otro ámbito.

Nuestro presidente del CGPJ no es un vocal de los electos por el Parlamento, sino que, en propuesta aparte, es elegido por los vocales en su primera reunión, a partir de una candidatura ajena al propio Consejo, por lo que los veinte se convierten en veintiuno. Este presidente también lo es del Tribunal Supremo, pero hay que insistir en que el CGPJ no es una instancia judicial, aunque sí que decide esta institución los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo y de otros tribunales relevantes. Y así llegamos a la perversión que se dio durante muchos años, con el cambio de cromos para los nombramientos, entre la mayoría progresista y conservadora, con línea directa entre los jefes de filas de unos y otros y los responsables de Justicia del PP y del PSOE. Dada la velocidad a la que se suceden las noticias en los últimos meses, es posible que más de un lector ya no recuerde el nombre del titular de la presidencia del Tribunal Supremo hasta no hace mucho. Carlos Lesmes, que también era presidente del Consejo General del Poder Judicial, se pasó cuatro años despidiéndose de la vida pública, en particular con motivo de la apertura del año judicial, una ceremonia que tiene lugar a comienzos de septiembre, con asistencia de los titulares de las altas instituciones del Estado, incluido el Rey, en cuyo nombre se administra la Justicia, según figura en todo tipo de sentencias y resoluciones judiciales. La última vez ya no pudo decir aquello de a la tercera va la vencida, si no que lo hizo a la cuarta, es decir, con cuatro años de retraso respecto a la caducidad de su mandato, también el del resto de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Desde la mayoría de los medios de comunicación se recuerda de vez en cuando que esto es una anomalía democrática, pero no se señala a los responsables, ni se hace pedagogía acerca de la importancia de esta institución, de la que dependen los nombramientos, ascensos y destinos de los miembros de la Carrera Judicial.

Esta anomalía se viene perpetrando durante cuatro años y solo tiene un responsable: es el Grupo Parlamentario del PP, que se niega a la renovación, cada vez con argumentos más peregrinos, como cuando pusieron como condición que Pablo Iglesias no podía participar en los nombramientos de jueces. Pero se marchó el líder morado y no pasó nada, todo sigue igual, y ahora se insiste en que se debe cambiar antes el sistema de elección de los vocales, con el llamativo reclamo de que deben ser los jueces quienes elijan a los jueces, y se pone de ejemplo cosas que no tienen nada que ver, como que los abogados eligen a la junta directiva de su colegio profesional, lo que supone confundir churras con merinas, por no decir algo malsonante. Los jueces tienen sus asociaciones corporativas y eligen a sus juntas directivas, como hacen los trabajadores en los sindicatos, o los médicos en su colegio profesional. Esto es otra cosa, y la razón o sinrazón, por la persistencia en el error del PP, hay que preguntársela a los dirigentes de este partido, y hasta ahora no han dado explicación convincente sobre este despropósito de incumplimiento de la Constitución, pues sus votos son necesarios en el Congreso y Senado, dada la mayoría que se exige para la renovación del CGPJ. Ninguna de las excusas tiene credibilidad, tampoco la de que los vocales que propone o va a proponer el PSOE tienen pasado político, pues empezando por el dimitido Carlos Lesmes, y terminando por el que ustedes quieran, todos los vocales que propone el PP, también para el Tribunal Constitucional, son de probada lealtad, incluso con carné del partido algunos. Aunque soy poco dado a teorías conspirativas, la realidad es la que es, y solo cabe pensar que la negativa obedece a querer mantener mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, y otros tribunales, pues son estas instancias a donde llegarán todos los conocidos casos de corrupción que afectan al principal partido de oposición.

Hay otra cuestión que me preocupa más aún, y son las consecuencias de la reforma que hizo Alberto Ruiz Gallardón a su paso por el Ministerio de Justicia, y que consistió, con la excusa de ahorrar dineros públicos, -eso tras dejar Madrid endeudado para varias décadas, con sus faraónicas obras y su M30-, en suprimir la dedicación exclusiva para los vocales del CGPJ, con lo que, salvo los que tienen tareas ejecutivas, pueden los demás siguen ejerciendo, bien judicatura o bien la abogacía, con lo que constantemente, aunque no lo sepamos, hay conflicto de intereses, pues el CGPJ no solo decide nombramientos o sanciones, sino que informa leyes, y sus miembros pueden ejercer presiones o influencias. Para que me entienda el inteligente lector, y con esto finalizo, no es de recibo que los grandes despachos de abogados de Madrid, esos que tienen también oficinas en Bruselas y Nueva York, estén insertados en la institución que tiene que velar por la independencia judicial y por el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.