Aunque el consejero de Hacienda del Gobierno regional, Juan Alfonso Ruiz Molina, que se está revelando como uno de los mejores activos del equipo de García-Page, ha planteado ya la posibilidad de que sea retirada la enmienda a la Ley de Empleo Público que beneficia a los políticos procedentes de la administración pública, están tardando más de lo debido en tomar una decisión al respecto. Page promueve que el consejero hable con los sindicatos, pero creemos que tendrán muy poco que decirse después de que STAS, CISF, UGT y CCOO se hayan mostrado tan indignados y contundentes al exigir que se retire la enmienda de forma urgente. No hay otro camino, sobre todo si tenemos en cuenta que uno de los dos diputados de Podemos en las Cortes, David Llorente, está también en contra de su aplicación, aunque paradójicamente fuera el mismo quien la firmó para presentarla a la Mesa del parlamento.

Lo mejor para el presidente regional y para su socio de Gobierno, José García Molina, es tomar de forma decidida el camino de la rectificación, y más aun pensando que se ha instalado en la opinión pública la idea de que la enmienda se ha hecho para beneficiar a sus promotores, los dos nuevos miembros del consejo de gobierno procedentes de Podemos: El propio Molina e Inmaculada Herranz, ambos funcionarios. Además se ha tramitado de tapadillo, a escondidas y sin contar con nadie. Quedarán tocados PSOE Y Podemos con la retirada de la enmienda, pero es mejor eso que quedar hundidos. En cualquier caso no es por eso por lo que deben rectificar sino porque la enmienda es una chapuza y ataca los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben inspirar la práctica de la función pública.