El papel de Castilla-La Mancha contra el desafío independentista también es fundamental

Los independentistas catalanes, con el Gobierno de la Generalitat a la cabeza, han generado una crisis política, social y económica sin precedentes en España y de consecuencias imprevisibles tras obligar al Ejecutivo central, que cuenta con el apoyo de los tres grandes partidos constitucionalistas, a aplicar el artículo 155 de la Carta Magna interviniendo los máximos órganos de control de la administración catalana y convocando elecciones para finales de diciembre. Aunque en muchos aspectos da la impresión de que hay un pacto soterrado a alto nivel para contener un proceso que se le ha ido de las manos a los líderes independentistas, lo cierto es que vamos a vivir jornadas muy intensas y agitadas en las que probablemente no faltarán actos violentos que crearán aún más desasosiego e indignación entre los españoles y ahondara más si cabe la fractura catalana, sin tener la garantía, por otro lado, de que las elecciones de finales de año vayan a solucionar el conflicto.

Es precisamente en estos momentos cuando todos tenemos la obligación de arrimar el hombro apoyando activamente las medidas del gobierno y los partidos constitucionalistas encaminadas a salvaguardar la unidad de España y a evitar que las ideas secesionistas triunfen en Cataluña y prendan la mecha del separatismo victorioso en otras partes de nuestro país y de Europa. Cataluña es parte de España igual que lo es Castilla-La Mancha y solo el pueblo soberano -el español, no solo el catalán- puede decidir si un territorio del conjunto nacional debe o no separarse. Si los castellano-manchegos apuestan mayoritariamente por la unidad tienen la obligación de defender ese principio en todas y cada una de las circunstancias que se les presenten desde el respeto a las leyes y a la democracia. Así hay que hacérselo sentir al Gobierno y a los partidos que le apoyan en este trance para que sean consecuentes y tomen las medidas oportunas que acaben con las proclamas independentistas, para dar paso en una segunda fase a las reformas necesarias que pongan el límite definitivo al estado de las autonomías.