Hace ya cuatro años que se habla de recuperación económica, de lo bien que está yendo la economía española, de lo bien que lo está haciendo el Gobierno de Rajoy, de que “España va bien”… y las empleadas y empleados públicos nos preguntamos: Recuperación económica ¿para quién? ¿A quién le está yendo bien con estas políticas neoliberales? A las trabajadoras y trabajadores de este país por supuesto que no, y a quienes trabajamos en las Administraciones Públicas tampoco.

Comenzamos nuestro periplo de recortes salariales allá por el 2010, con un recorte del 5%. En 2012 nos aumentaron la jornada, nos quitaron los complementos por IT, nos quitaron las ayudas de Acción Social… Y en Castilla-La Mancha, el Gobierno de Cospedal nos dobló el castigo y nos robó de nuestros salarios otro 3%.

Con este panorama y con unos Presupuestos Generales del Estado para 2017 que prevén un 1% de incremento salarial para los empleados públicos no se puede hablar de subida porque lo que esto va a suponer es una nueva bajada de retribuciones.

¿Por qué es así? La respuesta es fácil:

Primero, porque para hablar de subida salarial se tendría que recuperar previamente todo lo que nos han quitado en los últimos años.

Segundo, porque para hablar de subida, el incremento salarial debería ser superior al IPC previsto para el mismo año. Lo contrario es una nueva pérdida salarial.

Si nos quitaron un 8% del salario, sin contar el resto de recortes, y el año pasado nos devolvieron un 1% y este año otro 1%, la ecuación está clara, el resultado es (– 6%).

Esto sin contemplar los resultados del IPC de estos años y la pérdida de poder adquisitivo que vamos arrastrando.

Por poner el ejemplo de estos dos últimos años: En 2016, el IPC se cerró con una media del 2,5%. Los datos de abril de este año lo sitúan en el 2,6%, los de mayo en el 2% y la previsión para el cierre anual será en torno al 2%. Por lo tanto, en 2016 perdimos un 1,5% de poder adquisitivo y este año volveremos a perder otro 1%.

Parece ser que por tener unos ingresos asegurados no deberíamos quejarnos. Nos han tachado de “privilegiados”, cuando el único “privilegio” fue que apostamos en su día por prepararnos y sacrificarnos durante mucho tiempo por tener un trabajo “estable”.

Se han ocupado de denostar nuestra labor por activa y por pasiva, para dar así a la opinión pública una imagen que en nada favorece ni a los servicios públicos que prestamos ni a la sociedad en general.

Hemos sido y seguimos siguiendo “chivos expiatorios”, primero de una crisis que nos vino dada y con esa excusa pasaron el rodillo a nuestros derechos y ahora porque tras cuatro años de “recuperación económica selectiva” seguimos siendo “los paganos”.

Haciendo historia, a estas alturas, se puede calcular que durante los últimos 35 años hemos perdido más del 40% de nuestro poder adquisitivo.

En el 2017 nuestro poder de compra es casi la mitad de lo que se podía comprar en la década de los 80 con los salarios de entonces. Por lo tanto, lo que se ha generado a lo largo de estos años ha sido un empobrecimiento del personal de las Administraciones Públicas.

Se hacen imprescindibles unos aumentos salariales para las empleadas y los empleados públicos que les empiece a resarcir de los recortes en derechos y retribuciones de los últimos años.

Es inadmisible que, a estas alturas, los más 70.000 empleadas y empleados públicos de la JCCM no sepamos todavía qué va a ocurrir con las retribuciones este año. Lamentablemente, parece que estamos ante otra falta de respeto de los partidos políticos por unos trabajadores y trabajadoras que son esenciales para el mantenimiento de los servicios del Estado de Bienestar y, por ello, nos merecemos un trato y un apoyo que aún no hemos encontrado.

Y para comenzar es necesario que se ocupen de verdad de sacar adelante los presupuestos de 2017 para poder ir sacando a esta comunidad del agujero donde la metió el anterior gobierno y para poder ir restituyendo la dignidad de nuestro trabajo y poniendo en valor nuestro papel central en una Administración que también ha de actuar como motor de crecimiento y creación de empleo de calidad.

En aquellos países donde más se ha venido apostando por el estado de bienestar, se ha defendido el empleo público; incluso durante la crisis económica. Y se han ocupado de cuidar a su personal porque tienen claro que los recortes a este colectivo, lejos de ser la solución a ninguna crisis, lo que produce es un perjuicio al conjunto de la economía porque repercute directamente en el consumo y en la posibilidad de creación de puestos de trabajo con mayores garantías laborales.

Otro dato a tener muy en cuenta es que la referencia salarial que marcan las Administraciones Públicas sirve de base y de criterio para la recuperación salarial y la negociación colectiva en el ámbito privado.

Es el tiempo de que la recuperación económica llegue a las personas, es la hora de que los trabajadores y trabajadoras también sean participes de esta cacareada recuperación. Es de justicia que la mejora económica repercuta en toda la sociedad y no sólo en el empresariado y en las rentas del capital.

Lola Cachero Buil. Secretaria general de la FSC-CCOO CLM