Desigualdades en el Estado autonómico: las bibliotecas, un derecho de todos

Soy defensor del Estado de las Autonomías, pero numerosas veces he criticado las fuertes desigualdades que se están estableciendo de unas regiones a otras. Estos días, por ejemplo, las fuerzas de seguridad del Estado protestan por sus bajos salarios y reivindican que se equiparen a los de algunos cuerpos autonómicos. Esto no es nuevo, pues protestas de este tipo se vienen produciendo desde hace décadas por los salarios de funcionarios o incluso los cargos institucionales de unas u otras comunidades autónomas o por el acceso dispar para el acceso a la función pública. También se hace visible en la atención sanitaria, en las dificultades para la dispensa de medicamentos cuando un ciudadano está fuera de su región. Y no digamos en el sistema educativo… Ahora los partidos políticos están instalados en la opinión de que la Constitución de 1978 ya no tiene vigencia, está muerta, e intentan unos su reforma y otros su derogación.

Claro que las constituciones no son eternas, pero antes de su abolición habría que tener la valentía de cumplirla y de adaptarla a las necesidades institucionales, sociales y políticas de una España que tiene ya cuatro décadas de vida amparada en la Constitución de 1978. Y de utilizar los cauces que tiene en su articulado para corregir los defectos y desigualdades que se producen en unas y en otras comunidades autónomas. Ya hemos visto polvoreda de la aplicación del famoso artículo 155. Y estamos de acuerdo en la prioridad de desarrollar la función del Senado y otros temas puntuales de todos conocidos y aceptados. Pero hay otros artículos que yacen olvidados, al menos en la práctica, y que los gobernantes parecen huir de ellos como de la peste.

Un caso muy claro es el artículo 149.1.1ª), esencial para conocer el papel de la Administración General del Estado en la resolución de estas desigualdades: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre…la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el incumplimiento de los deberes constitucionales.” El artículo 150.3 prevé incluso que “… podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general…”

Pero preferimos certificar la mortandad de nuestra Constitución, aunque se celebre a bombo y platillo su aniversario, en lugar de utilizar las posibilidades institucionales que aporta. No me resisto, una vez más, a citar la desigualdad existente entre regiones e incluso entre municipios en un servicio público que considero esencial: la biblioteca pública. Como he denunciado reiteradamente, más de tres mil municipios españoles carecen de todo servicio bibliotecario y, además, llevamos décadas instalados en el desarrollo de desiguales políticas bibliotecarias autonómicas y locales. Personalmente, he demandado y luchado por una Ley nacional de Coordinación Bibliotecaria, promesa que venía desde tiempos preautonómicos, y que a mediados de la primera década del siglo XXI parecía que iba a ver la luz.

Desgraciadamente, a pesar de promulgarse la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, largamente esperada, esta legislación no resolvió los problemas históricos de las bibliotecas españolas, porque no hubo voluntad política para hacerlo. De este modo, la única regulación nacional sobre bibliotecas es la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, que establece en su artículo 25, 2, que el municipio “ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas”, una serie de materias, entre las que cita en su apartado m) la “Promoción de la cultura y equipamientos culturales.” Y a continuación, en su artículo 26,  dispone  la obligatoriedad de determinados servicios:  en su apartado b) que los municipios tienen la obligación de crear y mantener el servicio de biblioteca pública cuando tengan un mínimo de 5.000 habitantes.

Esta es la obligación legal para  toda España en cuanto a la creación de  biblioteca pública,  sin expresar cuántas bibliotecas y qué servicios debían prestar esos centros en función de la población y características del municipio respectivo. Paralelamente, durante las últimas décadas las comunidades autónomas se han ido dotando de leyes de bibliotecas con criterios y recursos muy dispares, que han consolidado una España bibliotecaria de distintas velocidades y que ofrecen un mosaico autonómico basado en la desigualdad.

Ahora celebramos 39 años de vida de la Constitución Española de 1978 y conviene recordar algunas de sus previsiones que afectan a las bibliotecas. El artículo 44.1 expresa nítidamente: “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. Considero que las bibliotecas públicas, centro clave para el servicio público de la cultura, son un derecho de todos los ciudadanos, de todos los españoles, vivan donde vivan. Insisto en el derecho de todos los españoles a disponer de servicios bibliotecarios públicos. No podemos olvidar esta referencia constitucional hacia un derecho fundamental (la cultura) que justifica la necesidad de que exista un buen sistema bibliotecario público puede.

Pero no es el único artículo que hay que considerar. Si las bibliotecas son centros para la información, la cultura, la educación permanente y el ocio, podemos afirmar que las funciones asignadas en nuestro tiempo a la Biblioteca Pública justifican que se recuerden, junto al derecho a la cultura, otros derechos fundamentales de nuestra Constitución: el Derecho a la información (“a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión”, art. 20.1) y el Derecho a la educación (“Todos tienen el derecho a la educación”, art. 27.1). Hay otro artículo que no podemos olvidar: el 149.2, que dice: “Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas".

En definitiva, además de las competencias locales y autonómicas, se precisa una verdadera Política de Estado en materia bibliotecaria para garantizar la prestación de esos servicios en igualdad a todos los españoles. Pero los gobernantes parecen abjurar del cumplimiento de muchas de las previsiones constitucionales.

Hace veinte años el Defensor del Pueblo Andaluz, prestigiosa institución, proclamó en un informe sobre las Bibliotecas Públicas Municipales de Andalucía el derecho de todos a acceder a la cultura.  Ese Informe Especial al Parlamento fue un fuerte detonante sobre la situación de las bibliotecas públicas en Andalucía y, en general, en España y reflejaba dramáticamente la desigual situación de este servicio público, demasiadas veces todavía obsoleto y con precariedad de personal, débiles presupuestos y colecciones y en muchos casos con falta de estabilidad y penetración social. El estudio se realizó en localidades de más de 5.000 habitantes, por constituir la franja de población que tiene legalmente la obligatoriedad de prestar el servicio de biblioteca pública. Pero aquella denuncia del Defensor del Pueblo Andaluz no encontró demasiado eco ni sirvió de estímulo para que desde Instituciones similares se luchase por resolver este problema histórico en España. 

Como vengo insistiendo, es indudable que se han producido importantes avances en el conjunto de España, pero me remito a los datos estadísticos para demostrar el largo camino que queda por recorrer. Las desigualdades entre los ciudadanos, regiones y localidades no sólo no se resuelven sino que se agrandan en la prestación de este servicio público. El desarrollo bibliotecario de nuestro país, especialmente en regiones como Cataluña, Navarra, País Vasco e incluso Castilla-La Mancha, no oculta las deficiencias existentes todavía en los servicios de biblioteca pública. La diversidad y desigualdad entre las diferentes Comunidades Autónomas se suma a la distancia que nos separa en términos nacionales de los países más avanzados de nuestro entorno.

En el Día de la Constitución, vuelvo a clamar a la totalidad de los partidos políticos para que luchen por establecer una Política de Estado en materia bibliotecas públicas, que este servicio llegue a todo des los españoles y se garantice que España esté en la vanguardia de los servicios bibliotecarios.

Juan Sánchez Sánchez. Exdirector Gerente de la Biblioteca de Castilla-La Mancha